El PNV y EH Bildu han alcanzado un acuerdo para facilitar la aprobación de la reforma legal destinada a reforzar la seguridad jurídica de los perfiles lingüísticos de euskera en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de las administraciones vascas. El pacto permitirá que la iniciativa impulsada por los jeltzales salga adelante este jueves en el Parlamento Vasco gracias a la abstención de la coalición soberanista.
El objetivo de la modificación es adaptar el marco legal tras las sentencias judiciales que en los últimos años han cuestionado algunos requisitos lingüísticos exigidos para acceder a determinados puestos públicos.
Más garantías para los perfiles lingüísticos
La reforma introduce cambios para tratar de evitar nuevos reveses judiciales. Entre ellos destaca la ampliación de la figura de la preceptividad aplazada, un mecanismo que permite reservar plazas a aspirantes que aún no cuentan con el nivel de euskera exigido, con el compromiso de que la administración facilite posteriormente su euskaldunización.
Además, cada institución pública deberá justificar de forma específica qué nivel lingüístico requiere cada puesto de trabajo, teniendo en cuenta tanto las necesidades del servicio como la atención a la ciudadanía.
Según defienden sus impulsores, la nueva regulación busca compatibilizar la protección de los derechos lingüísticos con los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica.
Una comisión para evaluar la reforma
Uno de los elementos centrales del acuerdo entre ambas formaciones es la creación de una comisión de seguimiento, que analizará la aplicación práctica de la norma y sus efectos jurídicos e institucionales.
Este órgano, integrado por representantes de ambos partidos, se reunirá cada cuatro meses para estudiar la evolución de la reforma, la litigiosidad asociada a los perfiles lingüísticos y las resoluciones judiciales que puedan afectar a su desarrollo.
También prestará especial atención a la futura sentencia del Tribunal Constitucional sobre el régimen lingüístico recogido en la Ley de Empleo Público Vasco.
Puerta abierta a una nueva reforma
El acuerdo contempla además un compromiso político de mayor alcance. Si tras varios años de aplicación se concluye que la reforma no logra garantizar los objetivos previstos o sigue generando problemas jurídicos estructurales, ambas formaciones se comprometen a abrir un nuevo proceso para diseñar una propuesta alternativa.
Ese eventual nuevo marco tendría como referencia la experiencia de otros territorios con dos lenguas oficiales, como Cataluña o Galicia, así como el autogobierno vasco, la realidad sociolingüística de Euskadi y la jurisprudencia existente.
La evaluación definitiva se realizará tres años después de la entrada en vigor de la ley. Solo en el caso de que una jurisprudencia consolidada evidencie que la reforma no resuelve los problemas detectados se activaría la elaboración de una nueva propuesta legislativa.
Un acuerdo para la normalización del euskera
Tanto PNV como EH Bildu consideran que el pacto permite dar una respuesta inmediata a la situación generada por las resoluciones judiciales de los últimos años y contribuir a la normalización del euskera en las administraciones públicas.
Las dos formaciones coinciden en que el objetivo final pasa por garantizar que la ciudadanía pueda ser atendida en cualquiera de las dos lenguas oficiales y por dotar de mayor estabilidad jurídica a la planificación lingüística de las instituciones vascas.