El PNV reivindica la "defensa de la industria vasca" frente a la sombra que pretende lanzar la UCO

La tormenta política que cíclicamente sacude la política española ha encontrado un nuevo epicentro en las revelaciones del último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El documento policial, que ha sido entregado recientemente al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, pretende relacionar al Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV ) en la órbita del llamado ‘caso Leire’, alegando que presuntamente habría llevado a cabo maniobras para la concesión de ayudas públicas. En el punto de mira de los investigadores se encuentra el interés mostrado por la formación jeltzale, y en particular por el que fuera su presidente, Andoni Ortuzar, en lograr un préstamo para el rescate financiero de la empresa alavesa Tubos Reunidos.

Lejos de guardar silencio o esperar a que amaine el temporal, Sabin Etxea ha reaccionado con celeridad para tratar de alejar cualquier atisbo de duda. Mediante un contundente comunicado y las posteriores declaraciones de sus principales líderes en Madrid como Maribel Vaquero, el PNV ha levantado un muro de contención basado en el argumento histórico de sus siglas: la legítima defensa del tejido industrial vasco. Los jeltzales no niegan la existencia de contactos políticos al más alto nivel; de hecho, los reivindican abiertamente. Reconocen haberse reunido con miembros del Gobierno español para abordar la crítica situación que atravesaba -al igual que ocurre en la actualidad- Tubos Reunidos, pero trazan una férrea línea roja para desvincular estas acciones institucionales de cualquier trama y de las "actividades que, en paralelo, pudieran estar realizando terceras personas", en alusión a Leire Díez.

"Nuestra prioridad es la ciudadanía vasca y su bienestar", recalca la dirección jeltzale, enmarcando sus movimientos en el trabajo diario y en la más pura ortodoxia parlamentaria. Para el PNV, interesarse en los despachos ministeriales por empresas que consideran "estratégicas", y de las que dependen miles de puestos de trabajo directos e indirectos en sus comarcas, no constituye un delito, sino una obligación ineludible. En su esfuerzo por normalizar estas prácticas, la formación pone sobre la mesa la hemeroteca reciente, recordando que este mismo empeño protector se ha ejercido ante crisis en firmas como Talgo, Astilleros Balenciaga, BSH o CAF, combinando "reuniones con miembros del Gobierno" con acciones públicas y parlamentarias. Y advierten: lo seguirán haciendo en el futuro.

Para desmontar cualquier atisbo de sospecha, el argumento jeltzale evidencia que "no son la excepción". El comunicado recuerda que EH Bildu han llevado iniciativas al Congreso por Balenciaga o Tubos Reunidos, y que formaciones tan dispares como PSOE, Sumar, Podemos, Vox, PP y UPN se han volcado históricamente cuando la crisis golpeaba a empresas de su entorno, como BSH. La mirada abarca también a todo el Estado, recordando cómo el BNG o las fuerzas catalanas batallan en las Cortes por salvar astilleros como Navantia, gigantes como Celsa o evitar el cierre de sus centrales nucleares.

Tranquilidad en el PNV y el PP ya pide explicaciones

La encargada de escenificar la absoluta tranquilidad del grupo parlamentario ha sido su portavoz en la Cámara Baja, Maribel Vaquero. En una intervención en ETB2, Vaquero incidió en que los investigadores de la Guardia Civil hablan de reuniones políticas, pero en ningún momento apuntan a "irregularidad o delito". "De ahí a que nos acusen de ilegalidades, tendrán que explicarnos de qué nos están acusando", señaló la diputada. "Sacar eso de contexto, como quiere hacer el Partido Popular, es su problema, no el nuestro", remató con dureza.

Y es que desde las filas del PP, su vicesecretaria de regeneración institucional, Cuca Gamarra, se apresuró a exigir "explicaciones" inmediatas al PNV sobre su presunto papel en el sumario. Gamarra aprovechó la coyuntura para sembrar dudas sobre la viabilidad de la legislatura, instando a los jeltzales a aclarar públicamente si su vinculación con el Partido Socialista en este caso "está condicionando que sigan apoyando a Pedro Sánchez".

Sin embargo, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, calificó de absoluta "normalidad" y "obligación" que los grupos acudan a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para tratar de "salvar" empresas al borde del colapso. "Vamos mal si hablamos de la trama SEPI para todo", advirtió López, exigiendo que se ponga freno a la "paranoia" de sospechar de todo el mundo y criminalizar la labor política.