Gipuzkoa

El pleno de Hondarribia aprueba por unanimidad "una querella penal" contra Higertoki y Zaldunborda

Amparada en los servicios jurídicos, alegan una posible vulneración de “falsedad documental mercantil y estafa procesal” en la reclamación de ambas empresas de casi 14 millones de euros
Ayuntamiento de Hondarribia / Unai Macias

El Ayuntamiento de Hondarribia ha aprobado en el Pleno ordinario municipal la autorización para interponer una querella penal contra Higertoki, S.L.U., Zaldunborda berri, S.L.U., y sus responsables. Esta decisión responde a un procedimiento judicial mediante el cual ambas empresas reclaman 13.795.026 euros, tanto al Consistorio como a la ya disuelta Hondarribia Lantzen. Ha sido aprobado por unanimidad, con los votos de Abotsanitz, PNV, PSE y EH Bildu.

Las dos sociedades exigen esta cifra a raíz de un contrato de compraventa de una finca, firmado en octubre de 2017. A partir de ese acuerdo, Higertoki y Zaldunborda estiman que hubo un incumplimiento de algunas obligaciones, por lo que reclaman casi 14 millones por supuestos gastos y perjuicios.

"Graves incoherencias"

Ante una cantidad tan elevada, y tras una auditoría encargada por el Consistorio, “los servicios jurídicos han detectado que casi el 92% de los gastos reclamados proceden de facturas internas entre sociedades cruzadas y vinculadas que presentan graves incoherencias”, explica el Ayuntamiento.

Entre dichas incoherencias, el Consistorio destaca, en primer lugar, facturas con fechas e importes que no coinciden con las originales de las contratas. Por otro lado, también señala gastos relacionados con la consecución de terrenos que ya habrían sido adjudicados y adquiridos anteriormente.

Además, mencionan certificados emitidos años después de realizar ciertos pagos, así como diferencias entre determinados cobros y pagos declarados y los movimientos bancarios analizados.

"Existe fundamento para promover la querella"

El alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, ha señalado que los informes jurídicos determinan que “estas circunstancias, unidas a las conexiones societarias y personales entre emisores, receptores y pagadores superan el ámbito de una sospecha meramente genérica, y justifican su investigación judicial”, que recogen también una posible vulneración de “falsedad documental mercantil y estafa procesal”. Por ello, el primer edil ha señalado que según el mencionado informe “existe fundamento iniciario suficiente para promover la querella”.

Confianza a los servicios jurídicos

La portavoz del PNV, María Serrano, ha dicho que “defenderemos los intereses de la ciudadanía siempre”, expresando que apoyarán esta propuesta si “los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Hondarribia consideran que esta es la vía más adecuada”.

Sin embargo, ha señalado que “esto no significa que debamos suponer la culpabilidad de nadie por anticipado”, y que sean “los tribunales los que depuren responsabilidades”, pidiendo a su vez al Gobierno municipal “total transparencia durante todos los procesos, porque la ciudadanía debe conocer todos los pasos que se están dando respetando los límites del procedimiento jurídico”.

Josu Álvarez, del PSE, en la misma línea ha sentenciado que “lo importante es la defensa de los intereses del Ayuntamiento, de Hondarribia y los ciudadanos, clave y fundamental”. Por ello, en base al mencionado informe jurídico, ha expresado que “vamos a defender lo que la institución está planteando”.

EH Bildu ha explicado también el voto favorable en palabras de Garoa Lekuona, señalando que desde el Gobierno municipal, del que forman parte, se ha tratado la situación “con rigor”, añadiendo que los servicios jurídicos recomiendan “la vía penal”.

30/09/2026