El plan de vivienda de Arrasate prevé impulsar 1.000 pisos protegidos en 15 años

Actualizado hace 2 minutos

Arrasate inicia una nueva fase en su estrategia de acceso a la vivienda, con la intención de promover cerca de 1.000 pisos protegidos a lo largo de los próximos 15 años. Como parte de este impulso, el Consistorio contempla la cesión al Gobierno Vasco de los terrenos de San Andrés Berri, cuyo valor ronda los dos millones de euros, para construir vivienda pública. Este espacio corresponde al último solar pendiente de desarrollo en la parcela que albergó la antigua empresa Polmetasa.

La medida se enmarca en el nuevo escenario que se abre tras la declaración de la villa cerrajera como zona residencial tensionada, ratificada este lunes en un acto celebrado en Donostia, en el que Pasaia y Zestoa recibieron la misma clasificación, que entrará en vigor una vez publicada en el BOE. Esta condición proporcionará al Ayuntamiento nuevas herramientas jurídicas para controlar los precios del arrendamiento y ampliar la oferta pública de vivienda.

Corregir la situación actual

La alcaldesa, Maider Morras, ha subrayado que esta declaración es el resultado de dos años de trabajo técnico y político. Según explica, el objetivo es corregir una situación en la que la posibilidad de acceder a una vivienda “ha estado sometida a las dinámicas del mercado”, y defiende la necesidad de intervenir para garantizar este derecho: “la vivienda es un pilar básico para una vida digna”.

El alquiler, por encima de la media del territorio

El diagnóstico elaborado por el Consistorio entre 2024 y 2025 confirma la presión creciente del mercado residencial. El precio del alquiler ha aumentado un 23,9% entre 2017 y 2022 y un 30,7% en los últimos 13 años, situándose por encima de la media del territorio. Aunque el número de pisos en régimen de arrendamiento ha crecido un 87% en la última década, la oferta sigue siendo limitada y representa solo el 13,9% del total, mientras que la vivienda protegida supone apenas el 8,07%.

Cuatro ejes de trabajo

Ante este escenario, el Ayuntamiento ha diseñado un plan de acción estructurado en cuatro ejes. El primero se centra en el impulso del alquiler asequible, con las citadas 1.000 viviendas protegidas en los próximos 15 años, y el segundo pone el foco en la rehabilitación y la regeneración urbana. En este apartado, se actualizará la ordenanza para permitir la transformación de locales en pisos y facilitar la división de inmuebles de gran tamaño, con el fin de generar opciones más accesibles.

El tercer eje aborda el control del mercado, con la limitación de precios del alquiler y la creación de un registro de viviendas vacías. Estas propiedades estarán sujetas a un canon que se incrementará un 10% anualmente si no se incorporan al mercado, con el propósito de movilizar la oferta existente. La cuarta línea de trabajo pone el foco en las ayudas y bonificaciones, manteniendo las subvenciones al arrendamiento para jóvenes e introduciendo beneficios fiscales para propietarios que ofrezcan sus viviendas a precios asequibles.

Compra de La Merced

El plan se acompaña, además, de un compromiso inversor cercano a los cinco millones de euros, destinado, entre otras intervenciones, a la compra del antiguo colegio La Merced por tres millones para acometer un proyecto intergeneracional de viviendas y servicios dirigido a jóvenes y mayores, y a la cesión al Gobierno Vasco del suelo de San Andrés Berri.

"Se abre una nueva puerta para Arrasate, para reivindicar la vivienda como un derecho y no como un negocio", ha concluido Morras.