El nuevo decreto de residencias tiene el plácet de las diputaciones

Cerca de 20.000 usuarios vascos de residencias podrían estar cerca de contar con una atención más personalizada en instalaciones mejor dotadas. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, aseguró ayer martes que la modificación del decreto que propone un nuevo modelo de organización para las residencias de mayores para los próximos años, que se ha abierto a audiencia pública es un texto “previamente acordado entre el Ejecutivo y las diputaciones forales, competentes en esta materia. En esta misma línea abundó la diputada de Políticas Sociales de Gipuzkoa, Maite Peña, quien calificó ayer martes de muy positiva la modificación del decreto porque “está completamente alineada” con el trabajo que está realizando el ente foral para mejorar el trato a los usuarios.

Hay que señalar que el nuevo texto contempla medidas para mejorar el trato a los usuarios, entre ellas planes de acompañamiento personalizados, el aumento del 15% en los ratios de personal de atención directa, y un límite de 150 plazas en los nuevos centros que estarán divididos en módulos de hasta 25 personas, así como habitaciones de mayor tamaño.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Zupiria fue preguntado sobre los plazos que se manejan para aprobar esta modificación del decreto de centros residenciales para mayores, después de que la consejera Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, haya firmado la orden de aprobación para su modificación. En este sentido, aseguró que el documento se encuentra en el inicio de la tramitación habitual, por lo que no puede avanzar si se podrá aprobar esta legislatura.

Procedimiento

El portavoz recordó que hay un procedimiento establecido para la tramitación de los decretos “que suele tener una duración mayor o menor en función de las alegaciones que se reciban, de las consideraciones que se hagan y de las respuestas que se tengan que dar”. “Lo que se ha puesto a audiencia pública o lo que se expone a la población es un texto previamente acordado entre el Gobierno vasco y las diputaciones forales, las entidades competentes, donde se propone un nuevo modelo de organización para las residencias para los próximos años”, resaltó.

Asimismo, indicó que como es habitual, a partir de la audiencia pública, el texto será sometido a los informes de los diferentes departamentos que deben informar sobre él, deberá recoger estas consideraciones; pasar el trámite de la Oficina de Control Económico, que es quien debe hacer una evaluación de su contenido económico; y finalmente tendrá que pasar por la Comisión Jurídica Asesora-COJUA, que es la que tendrá que informar sobre su legalidad.

“Ese se será el momento en el que el Gobierno podrá redactar el texto definitivo, y aprobarlo. En función de lo que dure esta tramitación y de los plazos que cada institución necesite para informar favorable o desfavorablemente, sabremos si estamos o no en condiciones de aprobarlo en lo que queda de la legislatura”, afirmó Bingen Zupiria.