El núcleo de socios que inició la venta del IMQ busca comprador alternativo a Adeslas

La liberalización de la venta de acciones del IMQ es una herida que sigue sin cerrarse en la compañía vizcaina. En la junta extraordinaria de finales de julio, la mayoría de los socios dio su visto bueno a la operación con SegurCaixa Adeslas, pero el proceso quedo pendiente de ratificación en un nueva asamblea, prevista en principio para finales de este año, a la que la dirección acudirá con todos los números cerrados. Entre ellos el precio final, que está pendiende de afinar en una auditoria interna. Algo más del 40% de los médicos se posicionaron en contra en julio y ahora se abre una brecha entre los que votaron a favor.

El fundador de la Plataforma de Accionistas del Igualatorio (PAI), Eduardo Zabala, ha enviado recientemente una carta a los asociados en la que informa de que está buscando un comprador alternativo a Adeslas. El objetivo es elevar el precio, que el proceso no se prolongue durante más de seis meses y que se compre toda la compañía.

Sobre el papel, la aseguradora de Caixabank y la Mutua Madrileña ofrecerá 255.000 euros por cada paquete de 1.000 acciones. Establece varias ventanas de compra, la primera a los seis meses de la formalización del acuerdo, y posteriormente se abrirían periódicamente nuevas oportunidades de venta. No se plantea en ningún caso la compra de toda la compañía al menos en estos momentos y, al parecer, su intención es comprar inicialmente en torno a 100 paquetes de acciones.

el control de la compañía

Esas participaciones sumadas al 45% que ya tiene de IMQ Seguros le garantizarían el control de la compañía y entre los médicos que quieren vender crece el número de los que temen quedarse fuera de la operación o tener que asumir un precio de venta más bajo.

En el caso de Eduardo Zabala los recelos en torno al preacuerdo con Adeslas vienen de lejos, ya que incluso antes de la junta de julio ya mostró su disconformidad con el proceso. En su carta a los asociados, que firma junto a otro de los fundadores de la PAI, Rafael Martínez Jordá, explica los motivos que les ha "obligado a dimitir" y abandonar la plataforma que abrió el debate sobre la venta libre de acciones a un precio justo, que ha acabado por convertirse en una subasta al mejor postor.

La dirección actual de IMQ se sumó posteriormente a la causa, que ha devorado al final a los que la habían impulsado. Cuatro años después de la puesta en marcha de la PAI, Zabala y Martínez Jordá explican que trasladaron en una reunión de la plataforma antes de la junta de julio que no entendían que una empresa de la "magnitud" del Igualatorio y en un "momento dulce" para la sanidad privada solo despierte el interés de un comprador. "Esta reflexión, hecha en voz alta en el seno del sindicato que creamos, nos obligó a dimitir por no compartir las ideas y la secuencia de los hechos que acontecieron", afirman.

una oferta a la baja

En su opinión, se pactó con Adeslas la "intención de venta" del IMQ sin contar con los propietarios de la compañía, los médicos accionistas. Critican asimismo que el comprador fijase "el precio y las condiciones" y lamentan que se desconozca si la dirección planteó un precio de salida o negoció a partir de la valoración que realizó el comprador.

Así, consideran que la cantidad de 255.000 euros que ofrece la aseguradora es la "más baja del abanico contemplado" y plantea abrir una nueva negociación con otros posibles interesados con un precio mínimo de 280.000 euros. Es más, aseguran los dos fundadores de la PAI que ya han establecido "contactos para estudiar alternativas". Junto al incremento del precio respecto a SegurCaixa Adeslas, las condiciones son que se compre las acciones a todos los médicos, en un plazo máximo de seis meses y que las negociaciones sean transparentes.

También hacen mención al que en estos momentos es el mayor obstáculo para cerrar la venta, la acción de oro con la que el Montepío del Igualatorio puede vetar cualquier operación.

Tras mostrar su "absoluto respeto sobre las decisiones" del fondo de pensiones de la compañía, Zabala y Martínez Jordá, señalan que el "cambio subrepticio y oscurantista de los Estatutos hacen casi imposible cualquier opción de venta". Los tribunales avalaron la posibilidad de bloqueo del Montepío desestimando un recurso presentado por Zabala, que ha recurrido al Tribunal Superior. "Tened en cuenta que mientras no se resuelva este asunto cualquier proceso de venta, venga de donde venga, es baladí", señalan.

El Montepío, por su parte, lleva meses defendiendo que no va a vetar una operación que cuente con el respaldo mayoritario de los médicos siempre que cumpla básicamente dos premisas: que el nuevo propietario garantice de forma indefinida las aportaciones al fondo de pensiones y que todos los médicos que quieran vender sus acciones puedan hacerlo sin limitaciones.

En este último punto, que puede convertirse en el nuevo nudo del proceso, es donde el sector de Eduardo Zabala y el Montepío coinciden por primera vez en cuatro años. Ambos quieren evitar que Adeslas compre un número ajustado de paquetes de acciones que le permitan controlar la compañía y que el resto de médicos se vean abocados a negociar en el futuro con una aseguradora que tiene la sartén por el mango.

Todo ello a pesar de que la junta del Montepío sigue creyendo que la mejor garantía de futuro es que el Igualatorio siga en manos de los médicos y que se facilite el relevo generacional.

En medio del proceso, todavía falta por aclarar la posición de Ademi, la Asociación en Defensa del Modelo de Igualatorio, que en la última junta ganó respaldo pero no pudo superar el 58% que alcanzó la propuesta de la dirección del Igualatorio. Entonces, Ademi planteó la posibilidad de financiar la entrada de médicos socios a través de acuerdos con diversas entidades financieras. E incluso buscar un socio sectorial o financiero que comprara parte de las acciones para facilitar la operación.