La defensa del exsecretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, ha negado que su cliente organizara la operación Kitchen, de la que no obstante ha defendido su legalidad como una "operación policial real lícita de inteligencia" sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas.
Una operación encaminada a averiguar su patrimonio y conexiones con testaferros tras ser descubiertas, a finales de 2012, sus millonarias cuentas en Suiza. "El ministerio del Interior no tuvo que ordenarla. Si la idea era robarle documentación a Bárcenas se me ocurren muchas otras maneras sin necesidad de implicar a la Policía", ha planteado su abogado Pedro Colina, quien ha considerado que lo que hubiese sido delictivo hubiera sido no investigar a Bárcenas y a su entorno o que su cliente hubiese ordenado parar esta operación "de inteligencia".
El letrado, que ha pedido así la absolución de su cliente en su informe informe final, ha insistido en que no era "una operación oculta ni era clandestina. Era una operación de Estado para buscar cuentas y testaferros con los que Bárcenas podría comunicarse".
La misma afirmación que previamente había hecho la defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz sobre esta operación, en la que ha acusado a Martínez de implicarle mediante la manipulación de unos mensajes que protocolizó ante notario y a los que el abogado del exsecretario de Estado no ha hecho mención alguna.
El letrado ha comenzado su intervención reclamando la nulidad de varias pruebas, fundamentalmente las tres grabaciones de conversaciones con Martínez aportadas por el empresario Javier Pérez Dolset de forma "totalmente irregular", y del que ha apuntado, aludiendo a su relación con Leire Díez, que ya se conoce que sus objetivos son los de "limpiar las cloacas del Estado, sobre todo, cuando le afectan a él".
A este respecto, ha recordado que al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, también acusado en Kitchen, se le condenó por revelación de secretos por aportar unos 'pendrives' sobre el expresidente catalán Jordi Pujol y su familia "por cómo se habían aportado".
Para tratar de demostrar la nula implicación de Martínez en la operación Kitchen, su defensa ha sacado a colación una conversación que precisamente mantuvo su patrocinado con Pino cuando en 2018 empezaron a salir informaciones sobre este caso.
En ella, según ha expuesto el exnúmero dos de Interior le preguntaba al DAO cuántos confidentes participaron, si hubo vigilancias, si se daba información a la UDEF, encargada de investigar el caso Gürtel, y si le constaba que hubiera servido para algo. Un tipo de preguntas, ha resaltado, que no hace alguien que ha organizado una operación y que nadie haría si la operación hubiera sido "como las acusaciones nos la han dibujado".
"La intención no es delito"
Ha explicado que dentro de sus funciones como secretario de Seguridad está la de ser informado de determinadas operaciones de Estado y sus principales canales de información eran los comisarios José Villarejo, Enrique García Castaño y, en menor medida, de Pino.
No obstante, ha indicado que no estaba al tanto del día a día y ha planteado que si ordenó esta operación como dicen las acusaciones hay que demostrarlo.
"Todo el mundo ha amagado con que tiene pruebas, el primero Bárcenas, que tenía una guerra con el PP", se ha lamentado la defensa de Martínez, que ha considerado que no se le sustrajeron pruebas ni grabaciones porque nunca las tuvo y ha mostrado su convencimiento de que la documentación que se le atribuye y que apareció en algunos medios fue el propio extesorero el que la filtró.
"Lo del señor Bárcenas siempre ha sido una locura, como pasa ahora con los temas de Ábalos", ha señalado. Ha sostenido por tanto que no hay prueba de que se destruyeran o inutilizaran pruebas en manos de Bárcenas. Si esa era la intención, ha añadido, "la intención no es delito", y ha tratado de desacreditar el testimonio de García Castaño sobre el presunto 'pendrive' que dijo que le dio a Martínez con el volcado de dispositivos de Bárcenas.
"Operativo parapolicial criminal"
La Fiscalía Anticorrupción consideró probado en su informe final que la 'Operación Kitchen' fue "un operativo parapolicial criminal" para "recabar" información "comprometedora" y grabaciones sobre dirigentes del PP que pudiera atesorar el extesorero del partido, todo ello con el objetivo de "boicotear" la investigación policial y judicial sobre el 'caso Gürtel'.
Así lo expuso el fiscal César de Rivas, que mantuvo su petición de 15 años de prisión para Fernández Díaz y Martínez, a quienes acusó de tener pleno conocimiento del presunto espionaje al extesorero, que habría tenido lugar en 2013, durante el Gobierno de Rajoy.
"Desde el momento en que fue concebido el operativo, ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del 'caso Gürtel', sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP y para sus máximos dirigentes y dirigida, precisamente, a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del 'caso Gürtel'", resumió el fiscal.
Petición de penas
Además del exministro y su número dos, también está acusado Villarejo, para quien el Ministerio Fiscal pide la pena más alta, 19 años de cárcel, por presuntamente captar al que fue chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente para localizar "información y documentación del 'caso Gürtel' que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, para sustraerla del procedimiento y para permitir que los eventuales responsables pudieran esquivar su responsabilidad", según el fiscal.
Para el exchófer de Bárcenas, también acusado en esta causa, Anticorrupción reclama 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía.
Asimismo, el Ministerio Público mantiene la petición de 15 años de cárcel para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo, así como dos años y medio para el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas.
Por su parte, la abogada de la familia Bárcenas rebajó sustancialmente las penas que había reclamado para todos los acusados al inicio del juicio. En concreto, la letrada ha pasado de pedir 41 años de cárcel para todos los acusados y 33 años para el chófer, a 17 años y medio para todos y 11 años y medio para Sergio Ríos. También redujeron las peticiones de penas las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Podemos, que inicialmente solicitaban para los acusados condenas de entre 32 y 47 años de cárcel.