El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una nueva línea de investigación en el 'caso Begoña Gómez', la causa sobre la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por presunto delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea del empresario Juan Carlos Barrabés, ante la sospecha de supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos europeos. En una providencia, el magistrado ordena la formación de una pieza separada y pide a la Fiscalía un informe sobre la tipicidad de los hechos, aunque excluye por el momento a Begoña Gómez, pese a que en un primer momento el magistrado mencionó a la esposa del presidente español en un primer listado de imputados.
La licitación bajo sospecha es un contrato que la entidad pública Red.es adjudicó en junio de 2020 a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next, empresa de Barrabés, y KPMG, por valor de 4,05 millones de euros y en concepto de "Servicios de apoyo y asesoramiento", según consta en una resolución de la Fiscalía Europea.
Tras examinar el contrato, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió un informe en el que señaló que "el informe de valoración habría obviado deliberadamente la circunstancia de la inexistencia de un libro blanco como requisito necesario exigido en los pliegos a puntuar".
Según los investigadores, en el informe de valoración intercambiado por los evaluadores se observó que la UTE entre KPMG e Innova "no habría incluido el Libro Blanco" en la documentación requerida para la licitación, un hecho que "habría sido deliberadamente ocultado en los informes de valoración del mismo, al efecto de que no fuese detectado por otros licitadores".
Estos hechos fueron revelados tras el análisis del contenido de los correos electrónicos relativos a los procedimientos investigados por la Fiscalía Europea, que en 2024 asumió una investigación relativa a una serie de contratos en UTE en la que participó la sociedad de Barrabés y que se habrían llevado a cabo con adjudicaciones públicas de Red.es financiadas con fondos europeos. El órgano europeo asumió una parte del caso, concretamente sobre los contratos adjudicados al empresario Barrabés que fueron financiados con fondos europeos Next Generation.
El pasado lunes Peinado celebró una audiencia preliminar de cara al eventual juicio con jurado popular, a la que estaban obligados a acudir Gómez, su asesora Cristina Álvarez --también imputada-- y Juan Carlos Barrabés, por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación.
Las acusaciones solicitaron la retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado para la esposa de Sánchez, que hasta ahora el juez no ha resuelto.
En el marco de esta causa, el instructor ha investigado un presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del 'software' de dicha cátedra, y el nombramiento de Cristina Álvarez como su asesora en el Palacio de la Moncloa.
Censura del Gobierno español
Ante este nueva providencia, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha censurado este viernes el "furor" del juez Juan Carlos Peinado por abrir una nueva línea de investigación en la que ha cometido "errores" para "inculpar" a la esposa del presidente del Gobierno español en un asunto que no tiene "nada que ver" con Begoña Gómez. No obstante, El ministro ha criticado la "investigación claramente prospectiva" del juez de Plaza de Castilla que tiene "consecuencias para el honor y el buen nombre de las personas". A su juicio, la instrucción de Peinado "ha ido mutando de causa con una indefensión absoluta en todo el procedimiento".