El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha acudido este viernes de forma presencial a Madrid al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para reclamar al Ministerio de Sanidad que cumpla el compromiso adquirido con Euskadi de reconducir el modelo de gestión de los Fondos de Cohesión Sanitaria (FCS) y de los Fondos de Garantía Asistencial (FOGA).
En este sentido, ha anunciado que la Comunidad Autónoma Vasca no abonará los 51 millones que reclama el Ministerio si no existen garantías legales y un modelo de compensación "justo".
Según ha informado la Consejería de Salud, consideran "inaceptable" que la ministra Mónica García mantenga "la inacción" sobre "las deficiencias" de este sistema y, al mismo tiempo, siga exigiendo el pago de las liquidaciones.
En este sentido, recuerda que en septiembre Euskadi recibió una factura de 51 millones de euros correspondiente a los fondos de 2023 y 2024, "una cantidad que no abonará mientras no exista una cobertura legal que la justifique, un desarrollo normativo y un modelo de compensación justo".
El Gobierno Vasco subraya que en octubre de 2025 en Madrid y en noviembre de 2025 en Zaragoza, la ministra de Sanidad y su equipo se comprometieron a "revertir la situación y a poner en marcha una ruta de trabajo para revisar el modelo", pero precisa que "ese trabajo está paralizado".
También apunta que "no se ha realizado la auditoría comprometida, no se ha avanzado en el desarrollo normativo necesario, ni se han constituido grupos de trabajo con análisis y conclusiones", mientras que tampoco se ha retenido la tramitación de las liquidaciones hasta aclarar la situación legal del sistema.
"El Ministerio de Sanidad tiene aún compromisos pendientes con Euskadi. No puede cerrar esta legislatura sin dar una respuesta a la sociedad vasca y dejando incumplido el compromiso de reconducir el modelo de gestión de los Fondos de Cohesión", ha señalado el consejero.
Agravio para Euskadi
A juicio del departamento vasco de Salud, el sistema actual de Fondos de Cohesión supone "un agravio" para Euskadi, ya que entre 2012 y 2022 aportó 169 millones de euros a este Fondo, "lo que representa cerca del 60% del total, pese a concentrar solo en torno al 5% de la población del Estado".
"Es imposible que el 5% de la población pague el 60% de la factura de todo el Estado", subraya el consejero, quien ha insistido en que se trata de "un modelo injusto, poco transparente y sin la seguridad jurídica necesaria".
Alberto Martínez resalta que "esta falta de cobertura legal" ya fue advertida por el Tribunal de Cuentas en su informe de 2017, y reconocida por el propio Ministerio de Sanidad ante el Congreso de los Diputados en octubre de 2025.
El Gobierno Vasco reitera que no abonará los 51 millones exigidos "mientras no existan garantías legales que justifiquen el pago". La decisión no afecta a la atención sanitaria, tal como asevera, porque los vascos que necesiten ser atendidos en otras comunidades autónomas "seguirán recibiendo asistencia con total normalidad".
"Euskadi no es insumisa al pago. Euskadi asumirá su factura cuando exista una cobertura legal, necesaria y reconocida, como han señalado el propio Tribunal de Cuentas y el propio Ministerio", asegura el consejero.
El Departamento de Salud cree que el Ministerio "está a tiempo de reconducir la situación si existe voluntad política". En este sentido, reclama acelerar el desarrollo normativo, "establecer reglas claras y transparentes, garantizar la seguridad jurídica y lograr un modelo estable y equitativo para todas las comunidades autónomas".
"Reforma profunda, no parches"
Martínez precisa que Euskadi no cuestiona "la necesidad asistencial de actualizar anexos, patologías, técnicas o procedimientos", pero rechaza participar en una modificación que mantiene intactos los problemas de fondo del sistema de compensación.
"Esta vez no lo vamos a asumir por responsabilidad. No podemos seguir alimentando y normalizando un sistema perverso e injusto para la ciudadanía vasca", concluye.
El Ejecutivo Vasco reitera su disposición a colaborar "de forma constructiva", pero exige que cualquier liquidación o compensación se apoye "en una base legal sólida, consensuada y estable". "Mientras el Ministerio de Sanidad no cumpla sus compromisos y no se aborde la reforma necesaria, Euskadi mantendrá su posición de no abonar la liquidación", insiste.