La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha destacado que "la gran mayoría" de los presos de ETA "están asumiendo su responsabilidad por los delitos cometidos", y ha recordado que el 90% de los reclusos de la desaparecida organización terrorista "solicitan la aplicación de la legislación penitenciaria española" a sus casos.
San José ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta del PP sobre la política penitenciaria que aplica el Ejecutivo vasco.
El parlamentario del PP Santiago López, en referencia al rechazo por parte de la Justicia a algunos de los permisos de semilibertad concedidos por el Gobierno Vasco a presos de ETA, ha reprochado a San José que, "cuando la Audiencia Nacional les corrige una vez, dos veces y hasta tres veces en el último mes, ya no es una discrepancia de criterios ni es dudar sobre asuntos técnicos".
"Es una chapuza, una chapuza política, es una chapuza jurídica y una chapuza moral", ha denunciado. Por ese motivo, tras acusar a la consejera de "mentir" al defender la legalidad de esas decisiones penitenciarias, ha vuelto a reclamar su dimisión.
En su respuesta, San José ha recordado que "el 90% de las personas presas pertenecientes a ETA solicitan la aplicación de la legislación penitenciaria española". En este sentido, ha recordado que los permisos "se conceden a solicitud de las personas privadas de libertad", y que "la gran mayoría de estas personas presas están asumiendo su responsabilidad por los delitos cometidos".
En referencia a los escritos de los reclusos en los que estos reconocen el daño causado y piden perdón a las víctimas, ha afirmado que esta "asunción" de responsabilidades --según ha dicho-- es resultado de "un largo y complejo proceso que no se puede simplificar, como algunos pretenden, con la existencia de una simple carta".
María Jesús San José ha recordado que la reinserción "es un principio fundamental recogido en la ley y en la Constitución española", por lo que la política penal y penitenciaria en el Estado español "debe diseñar mecanismos encaminados a la reintegración del recurso en la sociedad".
A su vez, ha recordado que los condenados "mantienen sus derechos fundamentales, excepto los expresamente ilimitados por la sentencia y la ley penitenciaria". La consejera ha añadido que el Gobierno Vasco "lleva varios años trabajando de forma discreta y continuada impulsando un proceso restaurativo entre víctimas de ETA y personas presas", en el que estos internos "reconocen y asumen el dolor causado, buscando con ello la reparación de las víctimas".
Asimismo, ha reconocido que "es evidente que existen dos bloques dentro de las personas privadas de libertad pertenecientes a la banda terrorista". No obstante, ha destacado que "una gran mayoría quieren mirar hacia adelante, al futuro", dado que "han asumido la legislación y están completando su recorrido penitenciario".
EMPATÍA Y REPARACIÓN
San José ha manifestado que "la sociedad vasca jamás pensó en los peores momentos del azote terrorista que llegara el momento donde estas personas asumieran de forma voluntaria el daño que estaban causando". En la misma línea, ha indicado que "nos hubiera costado mucho saber que llegaría el día en el que las personas asumieron de forma voluntaria el mirarse en cara a cara a las víctimas, empatizando con su dolor, reconociendo lo erróneo de su actuación y procurando reparar en la medida de lo posible todo el sufrimiento causado".
No obstante, ha destacado que esto "hoy es una realidad". San José ha reconocido que "el camino es largo", si bien ha destacado que en este proceso "contamos con la imprescindible ayuda y compañía de las víctimas comprometidas", a las que ha agradecido "su generosidad y gran aportación a la construcción de la convivencia". "Saben que me van a tener siempre a su lado", ha añadido.
En respuesta a "quienes pretenden simplificar un proceso tan complejo y lo intentan reducir a si se escribe una carta o se asiste o no a un encuentro con víctimas", ha recordado que "el fin ético, el bien superior que este gobierno pretende proteger es la convivencia".
La consejera ha advertido de que "la simplificación puede terminar en una burda caricatura que lo único que puede conseguir es ofender a las víctimas que confían en este proceso y que están implicadas en el mismo".