El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco ha concedido de nuevo la semilibertad, en base al artículo 100.2 del Reglamento penitenciario, a la exjefa de ETA María Soledad Iparragirre "Anboto", que se encuentra en la prisión de Martutene (Gipuzkoa), y a la que ya le había autorizado este mismo año este régimen, pero su aplicación fue rechazada posteriormente por la Audiencia Nacional.
Fuentes del citado Departamento han señalado que la Junta de Tratamiento realizó una propuesta de cambio de régimen para la exdirigente de ETA y Justicia del Gobierno Vasco ha firmado esa concesión del artículo 100.2.
Las misma fuentes han recordado que la concesión de ese artículo del reglamento penitenciario está condicionado a un plan de ejecución para hacer actividades laborales o de voluntariado. En el caso de 'Anboto' es para realizar actividades de voluntariado, que están controladas y reguladas.
La concesión del 100.2 implica salir de prisión de lunes a viernes para desarrollar esas labores y se pernocta en la cárcel, donde también se permanece durante el fin de semana.
Tras la aprobación esta semana de este cambio de régimen, las mismas fuentes han señalado que está previsto que se haga efectivo en los próximos días, de manera que 'Anboto' podría salir de prisión de lunes a viernes y regresaría cada día a dormir en la cárcel.
En abril de este mismo año, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, rechazó la aplicación del régimen de semilibertad a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', que había autorizado el Gobierno Vasco.
El Departamento de Justicia del Gobierno Vasco había concedido en marzo la aplicación del artículo 100.2 a 'Anboto', lo que suponía que podía salir de prisión de lunes a viernes. El 23 de marzo fue el primer día que abandonó la cárcel de Martutene y el 22 de abril el último que disfrutó de ese nuevo régimen y volvió a prisión tras la decisión judicial.
De esta manera, el magistrado rechazaba la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y acordaba que permaneciera en segundo grado de tratamiento penitenciario. En su auto, el juez recordaba la gravedad de los delitos por los que fue condenada, como diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión.
Argumentaba también que las fechas de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027, pero añadía que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.
Tras la concesión de un "nuevo 100.2" a 'Anboto', desde la Asociación de Víctimas del Terroriso (AVT) se ha denunciado esa decisión y ha afirmado, por redes sociales, que "el contador baja a 32 presos en régimen ordinario sin salir de prisión" y que "ya son 123 terceros grados, 28 flexibilizaciones y 62 libertades condicionales". "Estas son las cifras de la impunidad", ha criticado.
'ANBOTO'
Soledad Iparragirre, histórica militante de ETA, vinculada con la banda armada desde 1981, con el comando Araba entre 1984 y 1987, y también con el comando Madrid entre 1992 y 1993, quien años más tarde huyó a Francia, fue la encargada, junto con Josu Urrutikoetxea 'Josu Ternera' de leer en 2018 el comunicado del fin de ETA.
Nacida en la localidad guipuzcoana de Escoriatza en 1961, se le imputan más de una docena de asesinatos. Llegó a ser la jefa militar de ETA durante una década, y suma una extensa lista de condenas y penas que suman más de 280 años de cárcel.
En el año 2020 fue sentenciada a un total de 122 años de cárcel por dar la orden y suministrar los explosivos para la bomba lapa que mató al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo. En el 2021 aceptó una pena de 15 años de prisión por haber dado la orden de atentar contra Juan Carlos I con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim en 1997.
JUICIOS
Soledad Iparragirre, una de las voces del vídeo que anunció la disolución de la banda terrorista ETA, afrontó un largo camino judicial en el Estado español que arrancó en julio 2020 con el primero de los 12 juicios que tenía pendientes en el Estado, después de que fuera entregada por Francia un año antes tras cumplir allí casi 20 años de prisión.
Hasta esa fecha había sido juzgada por el asesinato del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo en diciembre de 1995 en León, y por la presunta entrega de material explosivo que realizó a un comando que finalmente atentó contra una comisaría de Policía en Oviedo en julio de 1997.
Las causas en su contra incluían desde asesinatos a instrucciones para atentar o entregas de armamento. Además del atentado contra el comandante, se le procesó por el crimen de dos agentes en Vitoria el 6 de agosto de 1987 o el del cartero Estanislao Galíndez en 1985. También se le acusó de facilitar armamento para una acción terrorista contra la oficina del DNI de Bilbao el 13 de enero de 1995, que causó la muerte a una persona e hirió a otra de gravedad.