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El Gobierno Vasco blindará el uso del término "universidad" contra el intrusismo académico

La nueva Ley de Universidades establecerá sanciones graves para entidades no autorizadas y exigirá un valor añadido real a quienes quieran instalarse en el territorio
Estudiantes en el Campus de Bizkaia de la EHU.
Estudiantes en el Campus de Bizkaia de la EHU. / MITXI mitxifotografo@gmail.com

Actualizado hace 32 segundos

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación ha concluido la fase de participación pública del Anteproyecto de Ley de Universidades tras analizar cerca de 500 alegaciones, un texto que destaca por blindar el uso del término 'universidad' frente al intrusismo académico, estableciendo sanciones graves para entidades no autorizadas y exigiendo un valor añadido real a quienes deseen instalarse en Euskadi. El consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias ha presentado los resultados en Bilbao, destacando que el proceso ha permitido realizar un examen crítico que ha derivado en la modificación de 41 de los 142 preceptos iniciales. Según ha explicado, "hemos respondido con un conjunto de modificaciones" que, si bien no alteran la hoja de ruta del Gobierno, sí recogen el espíritu de las aportaciones recibidas. "Lo importante –ha dicho– es que hoy contamos con un anteproyecto de ley mejor que el que iniciamos hace unos meses". El consejero ha subrayado que la norma está "concebida en Euskadi para responder a los retos de las universidades vascas".

Una de las novedades del nuevo texto es el blindaje del uso de la palabra universidad. Ante la proliferación de entidades que utilizaban este nombre sin serlo, la ley establece que solo se podrá utilizar el término universidad o universitario con autorización expresa y cumpliendo requisitos tasados. Pérez Iglesias ha sido rotundo al justificar esta protección: "Es una cuestión de protección de los derechos de las personas consumidoras, no se podía aceptar y se considera en el anteproyecto de ley una falta muy grave". Es la versión vasca de la guerra declarada por el Gobierno de Pedro Sánchez contra las universidades chiringuito.

El Ejecutivo Vasco también ha atendido las peticiones para simplificar los mecanismos de control económico, aunque no ha modificado lo esencial del modelo de financiación de Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU). El consejero ha señalado que se ha "rebajado el nivel de exigencia en lo que es la dación de cuentas" tras reconocer que "habíamos llegado a precisar demasiado y a niveles que podían generar mucha actividad en las universidades en perjuicio de otras cosas". En este mismo ámbito, se ha dotado de mayor seguridad jurídica a la figura del contrato-programa, basándose en la jurisprudencia para consolidar esta herramienta de financiación. Así, a diferencia de lo que sucede ahora, la universidad pública podrá ver incrementada su financiación ordinaria (destinada a subir y bajar la persiana todos los días) en función de la captación de recursos propios. Es decir, una vez garantizada la suficiencia financiera de la institución, la aportación ordinaria podrá incrementarse en proporción directa a la captación de recursos externos, como proyectos competitivos europeos o de otra naturaleza. Eso no ha cambiado tras las alegaciones.

Modificaciones del Anteproyecto de Ley

Tras la fase de participación pública, el Anteproyecto de Ley de Universidades ha incorporado ajustes relevantes para mejorar la flexibilidad operativa y la calidad del sistema universitario vasco:

  • Blindaje del término 'Universidad': Se prohíbe el uso de la palabra 'universidad' o 'universitario' sin autorización expresa. Cualquier entidad que opere bajo esta denominación sin cumplir los requisitos legales se enfrenta a sanciones graves, combatiendo directamente el intrusismo académico y las denominadas "universidades chiringuito".
  • Exigencias para nuevas universidades: La ley será mucho más estricta con los nuevos actores que deseen instalarse en Euskadi; se les exigirá demostrar que aportan un valor añadido real al sistema, asegurando que su presencia en el territorio responda a necesidades académicas y sociales auténticas.
  • Flexibilización de la carrera docente:
  • Profesorado asociado: El límite se eleva al 10% (frente al 5% inicial), permitiendo a la EHU contratar más profesionales externos para áreas especializadas.
  • Profesorado sustituto: Se han ajustado los mecanismos de contratación para ganar agilidad en la cobertura de plazas, permitiendo que la gestión de las sustituciones sea más eficiente y menos burocrática durante los periodos de transición. En vez de un 2% que establecía el borrador original, la EHU podrá tener hasta un 5% de personal sustituto.
  • Carrera académica: Se establecen vías alternativas de acceso basadas en el desempeño profesional excelente y se flexibiliza la exigencia de estancias internacionales (rango de 1 a 2 años en lugar de una cifra rígida).
  • Simplificación del control económico: Se reduce la carga de la dación de cuentas para la universidad pública (EHU) al reconocer que el exceso de precisión burocrática estaba interfiriendo con el funcionamiento ordinario.
  • Financiación y Contrato-Programa: Se refuerza la seguridad jurídica del contrato-programa, permitiendo que la financiación ordinaria pueda incrementarse según la captación de recursos externos (proyectos europeos, investigación competitiva), una vez garantizada la suficiencia financiera.
  • Complementos salariales: Se retiran de la ley para evitar una regulación rígida. Se delega su establecimiento a un desarrollo reglamentario posterior y, fundamentalmente, a la negociación colectiva con los sindicatos.
  • Enfoque humano y conciliación: Se integra la conciliación de la vida personal en el articulado, buscando que la carrera investigadora, especialmente para las mujeres, sea compatible con la vida personal sin sacrificar la excelencia.

Flexibiliza la carrera docente

Respecto al personal docente e investigador, el texto introduce cambios para ganar flexibilidad. Se ha elevado al 10% el límite de profesorado asociado, duplicando el 5% previsto inicialmente, para dar a la EHU más margen en áreas donde la aportación de profesionales externos es clave. Habrá un periodo de transición de cuatro años. Asimismo, el anteproyecto aclara que el modelo de carrera académica es estándar, pero, como explica Pérez Iglesias, "entendemos que puede haber excepciones". En cuanto a la movilidad, se ha corregido la redacción sobre la experiencia en centros de prestigio internacional para incluir a los centros de excelencia dentro del Estado español, eliminando ambigüedades. También se ha flexibilizado los requisitos de estancia en el extranjero para el futuro profesorado (pasando de 2 años a un rango de entre 1 y 2 años) y ninguno en el caso de aquellas personas que han realizado su tesis en el extranjero. También se han introducido vías alternativas de acceso a la carrera académica a la investigación, como el desempeño profesional excelente.

Complementos salariales en el tejado sindical

Por otra parte, se ha eliminado de la ley la regulación de los complementos salariales. Pérez Iglesias ha justificado la eliminación de las referencias específicas que contenía el borrador original, argumentando que no se trata de una temática adecuada para el rango normativo de una ley. Según ha señalado, el texto inicial contemplaba una distinción entre una componente consolidado y otra no consolidado, un planteamiento que ha sido finalmente descartado tras el proceso de participación pública. En lugar de fijar estas condiciones en la norma universitaria, el consejero ha aclarado que la regulación de los complementos retributivos adicionales para el profesorado de la universidad pública se remitirá a un posterior desarrollo reglamentario, vía decreto. Pérez Iglesias ha precisado que el establecimiento de estas retribuciones es una cuestión que, por su propia naturaleza, debe quedar sujeta a los ámbitos de la negociación colectiva. De este modo, al retirar la regulación de la ley, el Departamento traslada esta materia a los foros de diálogo entre las universidades y los representantes sindicales, garantizando que los complementos salariales se definan a través de los procedimientos legales correspondientes para la fijación de las condiciones de trabajo.

La ética se eleva a responsabilidad institucional. Ya no es solo un compromiso personal; las universidades deben velar activamente por la conducta de su gente. Y para los nuevos jugadores (universidades) que quieran aterrizar en Euskadi, la ley será exigente: tendrán que demostrar qué valor real aportan al sistema.

Finalmente, la conciliación se cuela en el articulado de la ley. Flexibilizar los plazos y ajustar la carrera académica no es solo técnica, es una apuesta por un sistema más humano. El objetivo es claro, que la excelencia no sea un obstáculo para la vida personal, sobre todo de las investigadoras. El texto continuará ahora su tramitación con los informes preceptivos previos a su aprobación por el Consejo de Gobierno y su posterior remisión al Parlamento Vasco.

2026-07-15T13:21:57+02:00
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