El Gobierno vasco asumirá parte del coste fijo de la factura del gas de las VPO

El Departamento vasco de Vivienda asumirá parte del coste fijo de las facturas de gas de los pisos de alquiler protegido con calderas comunitarias propiedad de la sociedad pública Alokabide, ayuda que podría llegar a 5.200 familias pertenecientes a un centenar de comunidades de vecinos.

El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha dado a conocer esta medida en su respuesta en el pleno de control del Parlamento Vasco a una pregunta formulada por el parlamentario de EH Bildu Unai Fernández de Betoño relativa al incremento del precio del alquiler en Euskadi.

Arriola ha reconocido que al Ejecutivo de Vitoria "le preocupa y le ocupa" esta situación, ya que el precio medio del alquiler ha pasado de los 628,8 euros mensuales en 2016 a los 711,5 en 2021, con un incremento del 13%, en consonancia con la subida del IPC.

Ante la excepcionalidad de este ejercicio, marcado por las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, el consejero ha puesto en valor las medidas puestas en marcha por los ejecutivos central y vasco para ayudar a las economías más vulnerables.

En Euskadi ha explicado que su departamento interviene con políticas públicas el mercado del alquiler en la medida que se lo permiten sus competencias y que también ha puesto y pondrá en marcha otras actuaciones excepcionales para "aliviar la carga del encarecimiento de la vida en las familias con mayores dificultades".

En este sentido, ha precisado el anuncio hecho por el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el pleno de Política General para ayudar a afrontar la subida del gas a las familias más vulnerables, y ha anunciado que su departamento "se va a hacer cargo" de parte de los gastos fijos de la factura del gas de las viviendas de alquiler social de Alokabide con calderas comunitarias.

A finales de octubre

Esta ayuda, que podría estar operativa a finales del mes de octubre, precisará de una partida total de 1,5 millones de euros y de ella podrían beneficiarse 5.200 familias repartidas en 100 comunidades de vecinos en Euskadi.

Arriola ha subrayado que esta ayuda unida a la rebaja del IVA del gas que prepara el gabinete de Pedro Sánchez "aliviará en buena medida la carga de estas facturas".

Ha recordado además que se va a subir el límite de ingresos para que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda social o, en su caso, a una prestación económica que les ayude a pagar el alquiler en el mercado libre.

El consejero ha señalado también que están a la espera de que el Órgano de Coordinación Tributaria se pronuncie sobre la propuesta enviada por su departamento dirigida a favorecer fiscalmente a los propietarios que mantengan su alquileres "en precios razonables" y a penalizar a los que "los disparen al alza".

Arriola ha precisado que el control del precio del alquiler, sobre el que el Gobierno vasco no tiene competencias, "no es una medida mágica" y ha hecho hincapié en que una de las principales causas de que sean altos es la escasez de vivienda libre para arrendar, lo que ha calificado como "uno de los principales caballos de batalla" de Euskadi en esta materia.

En Euskadi hay alrededor de 11.000 viviendas deshabitadas, después de que el programa público Bizigune haya hecho posible movilizar para el alquiler 7.000 pisos vacíos.

El consejero ha asumido que las políticas de su departamento tienen margen de mejora, pero ha insistido en que cuenta con "una hoja de ruta clara y coherente" para aliviar la situación de los hogares vascos con de con mayores dificultades.

Por su parte, Fernández de Betoño ha acusado al Gobierno vasco de "negar y minimizar" este problema y ha abogado por que las instituciones competentes aprueben un "paraguas legal" para limitar los precios de los alquileres .