El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes a un nuevo decreto que renueva la normativa que regula la suscripción de acuerdos y convenios en procesos concursales por parte de Hacienda. La nueva norma sustituye al decreto vigente desde 1996 y adapta el marco regulador a la realidad económica actual, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica y agilizar la gestión de los créditos públicos.
Estos créditos públicos son las deudas que empresas o particulares en situación de insolvencia mantienen con la Hacienda pública y sobre las que la Administración puede pactar determinadas condiciones de pago, como aplazamientos o quitas, dentro de los procedimientos concursales.
Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo vasco, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el decreto responde a la necesidad de actualizar una regulación que llevaba casi treinta años en vigor y de adecuarla a un contexto económico y financiero muy diferente al existente cuando fue aprobada. María Ubarretxena ha detallado que la norma incorpora criterios más claros para determinar las competencias de los distintos órganos implicados y revisa los importes económicos que obligan a recabar autorizaciones superiores.
Nuevos límites
El decreto actualiza los umbrales económicos establecidos hasta ahora. De este modo, los acuerdos o convenios que afecten a créditos superiores a un millón de euros deberán contar con la autorización del consejero/a Hacienda. Cuando la cuantía supere los cinco millones de euros, la autorización corresponderá directamente al Consejo de Gobierno.
El Ejecutivo considera que esta actualización permite adecuar los límites a la realidad económica actual y reforzar la supervisión de las operaciones de mayor trascendencia económica para las arcas públicas.
Por otro lado, la norma regula de forma específica los acuerdos relacionados con créditos cuya titularidad corresponde a entes públicos de derecho privado. En estos casos, tanto la firma como la autorización de los convenios corresponderán a los órganos que determinen sus respectivos estatutos, respetando así la autonomía organizativa de estas entidades.
Con la aprobación de este decreto, el Gobierno Vasco actualiza un marco normativo que permanecía vigente desde mediados de los años noventa y busca dotar a la Administración de instrumentos más ágiles para la gestión de créditos públicos en situaciones concursales, reforzando al mismo tiempo los mecanismos de control y transparencia.