El Gobierno ha habilitado cinco polideportivos cubiertos y distintas infraestructuras estatales para atender a los migrantes que permanecen en Ceuta casi un mes después de la entrada masiva registrada en la ciudad autónoma. La medida aparece recogida en el real decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial Oficial del Estado (BOE), mediante el que se declara la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta y se determinan los recursos disponibles para afrontar la crisis migratoria.
Entre los espacios municipales habilitados se encuentran los polideportivos Santa Amelia, La Libertad y Antonio Campoamor, así como los complejos deportivos Guillermo Molina y Díaz Flor. El dispositivo incluye también, en caso de que resulte necesario, los terrenos del aparcamiento de embolsamiento de Loma Colmenar y parte del Hospital Militar, un espacio cedido a la ciudad por el Ministerio de Defensa.
Instalaciones de varios ministerios
El real decreto permite utilizar otras infraestructuras estatales cuando sean necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, proporcionar apoyo logístico, técnico, tecnológico, administrativo o de comunicaciones y contribuir a la gestión de la emergencia.
Entre ellas figuran terrenos del Ministerio de Defensa situados en Loma Margarita, las instalaciones de la Hípica, la fábrica de harina y el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería. También podrán emplearse los espacios que Defensa no utilice en el acuartelamiento Coronel Fiscer.
El Gobierno ha incluido además terrenos del Ministerio para la Transición Ecológica ubicados en la explanada de la antigua fábrica del Guano y el polideportivo cubierto del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes situado en el instituto Puertas del Campo.
Según establece el BOE, la aportación de recursos se regirá por los principios de “necesidad, idoneidad, contribución gradual, proporcionalidad, eficiencia, temporalidad e indemnidad”. La puesta a disposición de estas instalaciones tendrá un carácter exclusivamente funcional y no modificará su dependencia administrativa ni su titularidad. Su utilización se adaptará a las necesidades que se produzcan durante la gestión de la crisis migratoria.