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El Gobierno español aprueba el decreto de centros de datos para evitar un alza de 5.000 millones en la factura

Aagesen destaca que el Estado suma ya 15 GW con permisos concedidos y otros 20 GW adicionales en cola
Un centro de datos. / EP

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto por el que se regulan los centros de datos en el Estado, una norma impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico junto a Economía y Transformación Digital con la que el Ejecutivo cierra este marco regulatorio antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien ha advertido de que, sin esta regulación, el despliegue de estas infraestructuras habría provocado un sobrecoste de 5.000 millones de euros al año en la factura eléctrica y un encarecimiento del 25% en el recibo industrial.

En el turno de preguntas posterior al Consejo, Aagesen ha detallado que ese impacto anual de 5.000 millones --calculado en un escenario "muy conservador" sin tener en cuenta la inflación actual del gas por las guerras en Oriente Medio y Ucrania-- se divide en dos dimensiones: 4.000 millones por la subida del precio en el mercado mayorista, condicionada por un incremento del 165% en el consumo de gas natural, y otros 1.000 millones adicionales por el coste del mecanismo de capacidad, que se sumarían a los 800 millones anuales ya estimados.

Inquietudes que provocan estos proyectos

Aagesen ha reivindicado que el Estado español es "pionero" --"a nivel mundial no existe otra referencia", ha afirmado-- y ha reconocido que estos proyectos generan "numerosas inquietudes" y "preocupaciones legítimas" sobre el consumo de energía, agua, precios y coste de los servicios públicos.

"Estamos a tiempo de que esas situaciones que han vivido en países de nuestro entorno y al otro lado del Atlántico no puedan impactar igual en nuestro tejido productivo, en nuestros consumidores y en nuestros territorios", ha subrayado.

En este contexto, la ministra ha puesto cifras al "apetito por la inversión" en España, subrayando que el sector ha desbordado las previsiones de la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024, que estimaba menos de 4 gigavatios (GW) para 2030.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. EP

Actualmente hay 15 GW con permisos de acceso concedidos (seis en transporte y nueve en distribución) --tras aflorar tres de ellos solo en los últimos tres meses frente a los 12 GW anteriores--, un volumen equivalente a "prácticamente el 40% del consumo pico" estatal y al que se suman más de 20 GW adicionales en cola.

En concreto, la norma exige que los 'data centers' acrediten que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo o contratos a plazo con instalaciones renovables puestas en marcha no más de 18 meses antes que el centro, introduciendo una senda flexible hasta 2032 para cumplir con la correlación horaria (que el consumo coincida con la hora de generación verde).

De este modo, el Gobierno español suaviza las exigencias del borrador inicial lanzado en agosto --tras recibir más de 600 alegaciones, críticas del sector y un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que pedía rebajar obligaciones-- ante el riesgo de paralizar las inversiones.

Régimen transitorio hasta 2032 y desconexión en picos de tensión

La norma pivota sobre dos bloques --sostenibilidad y soberanía digital-- y mantiene el 80% de adicionalidad renovable, aunque con mayor flexibilidad para tecnologías como la fotovoltaica, así como esa obligación de que el consumo coincida con la hora de generación verde con el objetivo de "que el sistema no se tensione, es decir, que el precio sobre los consumidores no quede tensionado a la vista del gran consumo".

La ministra ha querido aclarar que el decreto "no es ninguna moratoria" como las aplicadas en otros países, pero sí habilita un régimen transitorio voluntario durante los próximos cinco años para los proyectos más inmediatos que contempla la desconexión por parte del operador del sistema si hay tensión en la red.

Quienes se acojan deberán cumplir una correlación horaria progresiva en horas punta: arrancarán en el 60%, subirán al 70% en 2029 y, "a partir del 1 de enero del año 2032, absolutamente todos y cada uno de los centros de datos tendrá que cumplir con el 80% de adicionalidad y con la correlación horaria siempre", ha remarcado.

 Etiqueta 'A' en agua y eficiencia por región climática

En materia hídrica, todos los nuevos centros deberán alcanzar la etiqueta europea 'A', lo que supone "un consumo casi nulo" de 0,1 litros por kilovatio. También se exigirá la máxima eficiencia energética ('A'), pero adaptada a las condiciones de refrigeración de cada región climática, de modo que "no va a ser una etiqueta única en todo el territorio, sino que va a haber etiquetas para todas las regiones climáticas" teniendo en cuenta sus especificidades, como la diferencia entre Andalucía, el Mediterráneo o el Cantábrico.

Por su parte, el bloque de soberanía digital establece mecanismos de supervisión para garantizar que los datos permanezcan en el Estado y el Espacio Económico Europeo, limitando su acceso a terceros países. "Los centros de datos tienen en su mano una oportunidad de oro para demostrar que pueden llegar a los distintos países ofreciendo algo de valor", ha señalado.

Para justificar la urgencia del decreto, la ministra ha señalado las "tensiones de distinto calado" aplicadas en mercados saturados por estas instalaciones, como Irlanda --donde acaparan el 23% del consumo eléctrico y "dijeron ni un centro de datos más"--, Países Bajos (5%) y 15 estados de Estados Unidos.

20/11/2026