El Gobierno español aplaza a septiembre la aprobación del decreto de vivienda por falta de apoyos

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El Consejo de Ministros tenía previsto aprobar este martes, 28 de julio, el decreto ley en materia de vivienda que incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028 o elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos. Sin embargo, el real decreto pactado entre PSOE y Sumar no ha concitado los apoyos parlamentarios para su aprobación y queda pospuesta a después del verano, según han confirmado fuentes del Gobierno español.

Tras semanas intensas de negociación, el Ministerio de Vivienda se reafirma en la posibilidad de un acuerdo "amplio y transversal" para sacar adelante un "ambicioso" paquete de medidas que de estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible.

"La responsabilidad y generosidad de todos los grupos ha hecho que el acuerdo esté más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura. No obstante, se ha constatado que la premura en el calendario puede ser un obstáculo para el acuerdo, dada la complejidad del texto", han explicado las mismas fuentes.

Por este motivo, el Ejecutivo ha decidido dar unas semanas más de margen a la negociación y priorizar en el último Consejo de Ministros del curso político la lucha contra los incendios consecuencia de la emergencia climática. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha subrayado que hará todo lo que esté en su mano para lograr el mejor acuerdo posible para garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía.

Reacciones

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha recalcado este lunes que el decreto ley en materia de vivienda que el Gobierno envió a los grupos la semana pasada y cuya aprobación ha retrasado a septiembre era "una auténtica temeridad" y suponía una "amnistía urbanística para los grandes pelotazos".

En una rueda de prensa en la sede del partido, Fernández ha vuelto a denunciar que el Gobierno pretendía "colar por la puerta de atrás" una reforma de la Ley del Suelo con una norma que, a su juicio, implicaba "tomar como rehenes a los inquilinos y a los millones de personas que a día de hoy no pueden ni comprar una casa ni alquilar una vivienda".

Fernández ha recordado que Podemos, junto con otros grupos de izquierda, ya impidió la aprobación en el Congreso esa reforma de la Ley del Suelo que ahora "el Gobierno quiere colar por decreto en pleno verano, cuando cree que nadie está mirando". Ese texto, ha protestado, permitiría "legalizar proyectos urbanísticos ilegales con carácter retroactivo, así como reducir los controles sobre los proyectos futuros" y limitaría de forma importante la capacidad de entidades de la sociedad civil de denunciar irregularidades urbanísticas.