El Gobierno español advierte a Castilla y León que se abstenga de aplicar medidas antiabortistas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. El Ejecutivo español ha anunciado este requerimiento en un comunicado ante los protocolos anunciados por la Junta de Castilla y León para evitar abortos.

Afirma el Gobierno español que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para "defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embaraz"o en los términos establecidos en la normativa vigente.

"El Gobierno de España velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de Administración Pública alguna. Ante esta situación, los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes", indica el requerimiento, que ha sido enviado por el Ministerio de Sanidad a la Consejería del ramo del Gobierno castellanoleonés.

Así, solicita al citado departamento que "se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo" y que en caso de haber sido adoptada ya, "el cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico".

Comunicar los protocolos

Asimismo, exige que la realización de pruebas diagnósticas "no contravenga el conocimiento científico actual y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas y que se comunique de manera inmediata al Ministerio de Sanidad los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas".

Si este requerimiento no es atendido "íntegra e inmediatamente" por la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Sánchez no descarta "implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico".

Además, estudiará si es necesario ejercer "otras acciones legales", dado que la aplicación de esas medidas "podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma".

Reacciones de Montero y Díaz

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha advertido este domingo que el Gobierno "no dudará en emprender todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las mujeres".

En un mensaje escrito en su cuenta de Twitter y recogido por Europa Press, la ministra ha explicado que el Gobierno de coalición ha realizado un requerimiento a la Junta "para defender el derecho al aborto" reivindicando un "aborto seguro, libre y gratuito para todas".

En este contexto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado también que el Ejecutivo de coalición "tiene claro que los derechos de las mujeres son irrenunciables" y ha recalcado que llevarán a cabo "todas las acciones para evitar que entre en vigor una norma en CyL que va contra el derecho al aborto. Trabajaremos siempre para garantizar el aborto libre y gratuito", ha escrito en su perfil de redes sociales.