Los profesores y profesoras de Euskadi tendrán por fin rango de autoridad pública respaldado por la ley. Esta es la gran novedad y uno de los ejes del futuro Decreto de Convivencia Positiva y Entornos Seguros que acaba de poner en marcha el Departamento de Educación. La Orden de la consejera Begoña Pedrosa –que arranca el procedimiento– justifica la reforma del marco de convivencia actual para adaptarlo a la LOMLOE (2020), que refuerza la obligación de las administraciones educativas de regular “el reconocimiento de la autoridad pública del profesorado”. Asimismo, la Orden motiva el futuro decreto en la “necesidad de regular los derechos y deberes de todos los sectores educativos, y no únicamente del alumnado”. Este cambio, afectará de lleno a “las normas de organización, funcionamiento y convivencia, así como a los planes de convivencia y a la consideración de autoridad del profesorado en el ejercicio de sus funciones”, prosigue una Orden, cuyo periodo de exposición pública expiró el lunes. A partir de ahora, Educación redactará el borrador del texto articulado. Después se negociará con los sindicatos y los órganos consultivos para, finalmente, ser aprobado en el Consejo de Gobierno.
Con este paso, el Gabinete de Pedrosa atiende una reivindicación histórica del colectivo docente: no quedarse vendido ante situaciones de conflicto y contar con un respaldo legal claro dentro del colegio o instituto. Además, subsana una laguna normativa que casi todas las autonomías ya habían regulado. Hasta la fecha, ni el Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado (2008) ni la propia Ley Vasca de Educación otorgaban formalmente la condición de autoridad pública al profesorado ni garantizaban la presunción de veracidad de sus informes. Aunque la Ley de Educación aprobada a finales de 2023 dio un paso importante en el reconocimiento de la autonomía docente, la protección frente a intromisiones o amenazas y la asistencia jurídica garantizada por la Administración en su artículo 93, evitó emplear literalmente la expresión autoridad pública. De este modo, dejó un vacío respecto al valor probatorio de las declaraciones de los profesores.
Tampoco el Decreto de 2008 llegaba a elevar la figura docente a ese rango, limitándose a dar un respaldo meramente funcional para mantener el orden en el aula y aplicar correcciones disciplinares. Esta falta de concreción legal mantenía a Euskadi en una situación de retraso respecto a la gran mayoría de las comunidades autónomas. Mientras que CCAA como Madrid, La Rioja, Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón, Valencia, Murcia o Andalucía fueron aprobando a lo largo de la última década sus propias leyes o decretos específicos de autoridad docente, los colegios e institutos vascos han seguido funcionando sin ese blindaje explícito. Con el nuevo decreto que ahora se tramita, Educación resolverá este desfase e igualará los derechos y garantías del profesorado vasco a los del resto del Estado.
Presunción de veracidad
Esta transformación legal se traducirá en cambios muy concretos en el día a día de las aulas vascas. En primer lugar, los informes, partes o declaraciones que redacte un docente ante un problema grave de disciplina o una alteración de la convivencia pasarán a contar por primera vez con presunción de veracidad ante la Administración. En caso de conflicto o expediente, la palabra y el testimonio del profesor se darán por ciertos de entrada salvo que se aporte una prueba que contradiga su versión, otorgándole una firmeza probatoria y una protección de la que carecía en el articulado de la Ley Vasca de Educación.
En segundo lugar, la Orden firmada por la consejera obliga al Departamento de Educación a desplegar medidas de apoyo reales, imponiendo la regulación de “protocolos de actuación frente a las distintas manifestaciones de violencia” para garantizar que los profesionales dispongan de asesoramiento, acompañamiento jurídico y respaldo activo ante cualquier falta de respeto, amenaza o agresión. El reconocimiento del profesorado como autoridad pública coincide con el hecho de que la conflictividad en las aulas haya dejado de ser una mera percepción.
Aumento de la conflictividad
Según los últimos datos oficiales del Departamento de Educación recogidos en los comités de salud laboral, las agresiones físicas y verbales representan ya el 37% del total de los incidentes laborales reportados por el profesorado de la escuela pública. El balance institucional registra 267 denuncias formales de docentes, de las cuales 250 fueron ejercidas directamente por el alumnado. Por otro lado, ELA denunció el pasado curso un repunte de 173 agresiones concentradas en un margen de tan solo cinco meses. Las víctimas eran en su mayoría profesoras de entre 31 y 50 años.
En esta misma línea, estadísticas recientes sobre las agresiones contra el profesorado reflejan una tendencia al alza que repercute gravemente en la salud mental y en el aumento de las bajas laborales. Por ejemplo, la Encuesta sobre las condiciones del profesorado y convivencia en la escuela pública, publicada en marzo por el sindicato CSIF, asegura que más del 70% de los profesores vascos reporta sentirse “desrespetado” y que más de la mitad ha presenciado agresiones en las aulas. A esta situación se suma que el 97,2% del personal denuncia una sobrecarga burocrática severa, lo que afecta el bienestar emocional y su labor. Además, la gestión institucional es cuestionada, ya que apenas el 2% del profesorado considera adecuados los protocolos actuales del Departamento de Educación para resolver incidentes.
La sustitución del Decreto de 2008 se justifica, según la Orden, por “la evolución del enfoque educativo hacia modelos preventivos y restaurativos” y “la creciente complejidad de las situaciones relacionadas con el malestar emocional, el acoso escolar y la violencia”. Asimismo, se fundamenta en “la necesidad de regular los derechos y deberes de todos los sectores educativos, y no únicamente del alumnado”, buscando “la conveniencia de superar una regulación excesivamente centrada en procedimientos correctores, reforzando el carácter educativo de las medidas”.
Antecedentes
Así, más allá de blindar legalmente al profesorado, la normativa cambiará la forma de gestionar los problemas en los centros. Se abandona la lógica del castigo puro y duro para apostar por la convivencia restaurativa para buscar la resolución dialogada de los conflictos, la mediación y el aprendizaje socioemocional para evitar que el problema vaya a más. De forma paralela, todos los centros sostenidos con fondos públicos tendrán que aplicar de manera obligatoria protocolos unificados para frenar de raíz el acoso escolar, el ciberacoso en redes sociales, la violencia machista o el acoso sexual. Por otro lado, se dará rango normativo a la salud mental, dotando a los centros de pautas para detectar a tiempo si un alumno lo está pasando mal o se encuentra en una situación de riesgo o malestar emocional.
Hay que decir que el futuro decreto no parte de cero. En las últimas década, las aulas vascas han experimentado una transformación radical que va mucho más allá de los libros de texto. Desde la aprobación del histórico Decreto 201/2008 –en la era de Tontxu Campos (EA)– que reguló por primera vez los derechos y deberes del alumnado, Educación ha tejido una sólida red de estrategias y planes dirigidos a cuidar el bienestar emocional de los estudiantes y a desterrar el acoso escolar de los centros educativos. Esta ofensiva institucional se divide en dos grandes frentes: la construcción de un clima de convivencia positiva y el abordaje directo, sin tabúes, de la salud mental infanto-juvenil.
Tolerancia cero al acoso
El gran punto de inflexión en la gestión de los conflictos escolares llegó con el diseño de directrices obligatorias para que todos los colegios e institutos públicos y concertados desarrollaran sus propios Planes de Convivencia Anuales. Sin embargo, el verdadero buque insignia del Departamento se desplegó años más tarde. En 2017 vio la luz la Iniciativa y Plan Estratégico Bizikasi, el marco preventivo vigente que vertebra la lucha contra el bullying en Euskadi. Bizikasi no solo introdujo herramientas de intervención temprana, sino que convirtió la formación en convivencia positiva en un requisito obligatorio para los equipos docentes. A esta arquitectura se han sumado en los últimos años el II Plan de Coeducación para el Sistema Educativo Vasco, clave para erradicar el machismo y el acoso sexista, y el reciente Protocolo contra la desprotección y el maltrato (2024), una herramienta jurídica y asistencial que amplía el foco para proteger a los menores de cualquier forma de violencia física, psicológica o emocional dentro del entorno escolar.
El segundo gran pilar de esta estrategia responde a una demanda social creciente: el cuidado de la estabilidad psicológica de los jóvenes. El primer paso de calado se dio con el Marco General de Colaboración Educación - Salud Mental (2018), un protocolo que derribó los muros burocráticos para conectar de forma directa y urgente a los orientadores de los institutos con los especialistas de la red de salud mental. La culminación de este esfuerzo se materializó en 2022 con la aprobación de la Estrategia de Prevención, Intervención y Posvención de la Conducta Suicida en el Ámbito Educativo.
Con este documento, Educación rompió el silencio en torno al suicidio juvenil, dotando a los profesores de pautas claras de actuación y creando los denominados Planes Personalizados de Transición y Reincorporación para proteger a los alumnos que regresan al aula tras sufrir una crisis grave. Lejos de quedarse en una mera declaración de intenciones, la salud mental se ha integrado en la propia jornada lectiva a través de programas como ZIUR y el Programa de Resiliencia, ambos dirigidos a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). A través de todas estas iniciativas, las aulas vascas ya no solo enseñan matemáticas o lengua, sino que forman de manera activa en resiliencia, gestión de la ansiedad y factores de protección psicológica para afrontar las crisis de la adolescencia.