El decreto del uso del euskera en el sector público, en dos meses

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, afirmó ayer que el Ejecutivo ha hecho un “esfuerzo” para lograr “el mayor acuerdo posible” y ha hablado “con todos los partidos” y negociado con los cuatro principales sindicatos para redactar el nuevo decreto de normalización del uso del euskera en la Administración pública. Se espera aprobar en los próximos dos meses el decreto que, según indicó, es “un texto acordado” por consejeros de PNV y PSE-EE.

En declaraciones a los medios en Bilbao, donde asistió a la entrega de los premios Lauaxeta, Zupiria precisó que el proyecto está “siguiendo su procedimiento interno” en el seno del Ejecutivo y “ahora necesita la última palabra, que es la del órgano que decide si jurídicamente está bien construido el decreto (el COJUE), antes de su aprobación en Consejo de Gobierno, para lo que todavía quedan unos meses”.

En todo caso, confió en que “por supuesto” se podrá dar antes de que finalice la actual legislatura la aprobación de este decreto que, según precisó, es “resultado de una petición que el Parlamento Vasco planteó hace cuatro años” y viene a sustituir el decreto de 1997 sobre normalización del uso del euskera.

Así, subrayó, tras ser preguntado si se ha diseñado en respuesta a las últimas resoluciones judiciales contrarias a normas relacionadas con el euskera en la Administración, que el nuevo decreto “no tiene absolutamente nada que ver ni con la ley Municipal ni con los decretos posteriores”.

Respecto a la posibilidad de que pueda también ser recurrido, confió en que “tengamos la habilidad de elaborar un buen decreto que, como el decreto que aprobamos para esta cuestión en 1997, tenga todas las garantías jurídicas y pueda desarrollarse con normalidad en las próximas décadas”.

El consejero de Cultura y Política Lingüística valoró que, aunque “el proceso de normalización lingüística de la Administración arrancó antes, adquirió una importancia especial a partir del decreto de 1997”, que ha servido para que “todo el Gobierno Vasco y todos los trabajadores que dependen directamente del Gobierno Vasco hayan entrado en un proceso de normalización”.

De este modo, remarcó que se ha pasado de contar con “una Administración en la que el 30% de sus trabajadores tenía una capacidad lingüística” a que, en la actualidad, “ocho de cada diez trabajadores tienen un nivel lingüístico acreditado”.

“Y esto ha pasado en todas las áreas del gobierno, ha pasado también en las diputaciones, ha pasado también en los ayuntamientos, y ahora se va a extender también a sociedades públicas, fundaciones y otro tipo de entidades públicas”, precisó. Según explicó, después será cada institución, en el nivel que le corresponde, la que establezca “su propio plan lingüístico, las necesidades de conocimiento del euskera que tengan que tener sus trabajadores, los plazos de exigencia para su cumplimiento y, si el proceso anterior ha durado 30 años, en este no tardará menos que eso y se hará con la flexibilidad con la que se han hecho siempre estos procesos en la Administración pública vasca”.

Entre los “pasos principales” con respecto al decreto del 1997, Zupiria señaló que “abarca más ámbitos”, dado que “antes solo se refería a los funcionarios que directamente dependen de los poderes públicos, y ahora también incluirá a trabajadores de fundaciones y otro tipo de entidades públicas”.

Además, valoró que “de cara al futuro, el mayor objetivo que se plantea este nuevo decreto es el de fomentar el uso de la euskera, seguir ampliando el conocimiento de la lengua, pero sobre todo impulsarlo”, para lo que se establecerán nuevos tipos de perfiles lingüísticos.

El consejero precisó que el proyecto es “un texto acordado” entre los consejeros del PNV y los del PSE-EE y “afecta a los grupos en los que se organiza el Gobierno” y, cuestionado por el hecho de que el texto esté firmado por algunos consejeros, apuntó que los decretos del Gobierno se firman por el lehendakari y los consejeros de las áreas que participan en su elaboración y, en este caso, “afecta a cinco o seis departamentos y son los responsables de esas áreas quienes lo firman junto con el lehendakari”.