El Gobierno español trata de mover ficha en la regulación de los centros de datos. Pero el nuevo real decreto que acaba de remitir al Consejo de Estado sigue sin satisfacer a las organizaciones ecologistas, que mantienen sus movilizaciones, y tampoco a los promotores, que ven insuficientes los cambios introducidos en el texto.
Mientras tanto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue siendo optimista y espera aprobar la norma antes de las elecciones generales del 29-N. Defiende que este nuevo documento es “ambicioso” y permitirá un “impulso adicional” a la energía solar fotovoltaica y a las tecnologías de almacenamiento. Sin embargo, ese entusiasmo contrasta con las objeciones de los ecologistas, que creen que el nuevo borrador rebaja la ambición del anterior, la cual ya veían “insuficiente” para limitar el impacto ambiental de estos centros. “Durante el trámite de audiencia pública (que concluyó en septiembre) pedimos mayor ambición, no menor”, explicaron a la agencia Efe fuentes de Ecologistas en Acción.
A la par, desde Greenpeace reclamaban también una regulación “más ambiciosa”, que no ceda al “chantaje empresarial”. “España no puede ser jauja para el beneficio económico de unas pocas empresas. Los cientos de infraestructuras de centros de datos que pretenden desembarcar en España no pueden pasar por encima de nuestro derecho al agua, a la electricidad renovable y accesible, y a un medio ambiente sano”, advertía María Prado, responsable de ‘Big Tech’ de Greenpeace.
Su malestar fue más allá de las palabras. Ecologistas en Acción ha pedido ya audiencia al Consejo de Estado y, en el marco de una iniciativa europea, ha convocado marchas para los días 6 y 7 de noviembre en ciudades como Madrid, Zaragoza, Huesca o Granada. Unas protestas que recogerán el testigo de las registradas en los últimos meses contra este tipo de infraestructuras en países como Francia o Estados Unidos.
Un reciente informe de EnergyTag y PyPSA Labs, dos organizaciones independientes sin ánimo de lucro, respalda la exigencia de que los centros de datos cuenten con una nueva generación eléctrica renovable. “El Gobierno español tiene razón: la demanda de nuevos centros de datos debe ir acompañada de una nueva oferta de energía limpia”, sostiene el documento.
Sus autores, no obstante, plantean una fórmula diferente: un promedio anual de suministro renovable que comience en el 80 % y alcance el 90 % al final del periodo transitorio. El último texto del Gobierno español fija, en cambio, un mínimo del 80 % en cada hora, no un promedio.
El nuevo borrador flexibiliza algunos de los requisitos del texto inicial que presentó a finales de agosto. Por ejemplo, establece que los centros de datos con una potencia superior a 10 megavatios deberán cubrir al menos el 80 % de su consumo eléctrico con fuentes renovables, ya sea a través de instalaciones propias o de contratos de suministro a largo plazo. En la primera versión, el umbral se había fijado en un megavatio. También se amplía de 18 a 36 meses la antigüedad máxima de las instalaciones renovables con las que podrán suscribirse esos contratos, aunque ese límite no se aplicará a los parques solares.
El sector teme un apagón
La Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC) cree por su parte que el texto mantiene exigencias inviables y añade riesgos. Su presidente, Emilio Díaz, calificó de “especialmente grave” que los proyectos acogidos al periodo transitorio deban aceptar esa posibilidad de interrupción.
“Se mantienen unas condiciones energéticas extraordinariamente difíciles de cumplir y, como alternativa, se nos ofrece aceptar el riesgo de un apagón”, señaló.
SpainDC tiene previsto trasladar sus objeciones al Consejo de Estado y solicitará un nuevo pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya analizó el borrador inicial.