El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avanzado este miércoles que el decreto ley que establece la renovación automática de los contratos de alquiler para convertirlos en indefinidos obligará al propietario a indemnizar al inquilino con hasta 12 mensualidades si decide romper el contrato.
En los pasillos del Congreso, Bustinduy ha defendido la renovación automática de los contratos de alquiler que se incluye en el segundo de los dos decretos aprobados por el Gobierno, justo el que todavía está pendiente de publicarse en el Boletín Oficial del Estado pese a que se vota este mismo viernes en el Congreso para decidir si se convalida o se deroga.
A juicio del ministro, el modelo de contratos indefinidos existe "en media Europa" y ha asegurado que lo que plantea es algo "de sentido común", que es cuando un contrato vence a los cinco años, si es una persona jurídica quien suscribe ese contrato, se renueva automáticamente a no ser que haya una causa justificada. Esta medida podría ser incompatible con la que figura en el primer decreto, ya publicado en el BOE, en la que contempla la prórroga de los contratos hasta el 31 de diciembre de 2028.
Indemnización si el propietario rompe el contrato
Bustinduy ha explicado que las causas justificadas para no renovar un contrato serían que el propietario lo necesite para vivir, para que viva un familiar o una causa similar, y ha subrayado que "si no quiere renovar ese contrato, tendrá que indemnizar". El titular de Consumo ha señalado que es un mecanismo similar al de las relaciones laborales. "Si te despiden, te tienen que indemnizar, si no hay una causa justificada", ha apuntado.
El ministro ha presentado esta medida como una transformación del mercado del alquiler en España orientada a "dar certidumbre y seguridad" a los inquilinos, con el objetivo de "acabar con la ansiedad" de saber cuándo va a vencer el contrato y evitar situaciones en las que el casero eche al inquilino para cobrar un 40% más por el alquiler o para poner un piso turístico. "¿Quién se opone a esto? ¿Cuál es la razón para oponerse a esto? ¿Qué interés defiende alguien que se opone a este modelo?", ha espetado Bustinduy.
Llamada a la movilización
El titular de Consumo también ha aprovechado su intervención para hacer un llamado a la movilización y a la presión para que los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros, que incluyen las demandas principales que se han manifestado desde las calles de todo el país, sean convalidados este viernes por el Congreso avisando de que quien pretenda bloquearlos va a sufrir "un altísimo coste político".
"Son necesarios y son de justicia", ha insistido Bustinduy, quien ha querido poner en valor la labor de todos los partidos que han querido contribuir para sacar adelante estos decretos "ambiciosos" y que, sin duda, supondrían una victoria de la clase popular en caso de que sean respaldados este viernes, como así espera. Con todo, el ministro ha dicho que, tras su aprobación, los siguientes pasos a adoptar, ya en los Presupuestos Generales del Estado para 2027, son la fiscalidad para disuadir la concentración de propiedades inmobiliarias y la construcción "masiva" de vivienda pública.