Navarra

El Constitucional ratifica la condena de 30 años de prisión para el pedófilo de Tudela que abusó de sus hijos

El Tribunal confirma los fallos anteriores del Supremo y de la Audiencia Provincial de Navarra que condenaban al hombre por abusar de sus tres menores, entre ellos, su propio hijo de apenas un año
Parque infantil del Paseo de Invierno donde se descubrió el USB co el material pedófilo. Archivo.
Parque infantil del Paseo de Invierno donde se descubrió el USB co el material pedófilo. Archivo.

Actualizado hace 15 segundos

El Tribunal Constitucional ha avalado de forma definitiva la condena de 30 años de cárcel dictada contra un vecino de Tudela por tres delitos de abusos sexuales a menores de 13 años, así como por la elaboración y posesión de pornografía infantil. La resolución del tribunal de garantías convalida el fallo acordado en 2021 por la Audiencia Provincial de Navarra y ratificado posteriormente en 2023 por el Tribunal Supremo, cerrando un largo periplo judicial que comenzó cuando el procesado perdió un bolso con dispositivos informáticos en el banco de un parque de la capital ribereña en junio de 2016.

Grave historial de agresiones 

Los hechos probados que sustentan la sentencia describen una continuada conducta delictiva que afectó directamente a tres menores del entorno familiar y cercano del condenado. En concreto, las agresiones se cometieron sobre su propio hijo de solo 1 año de edad, el hijo de 4 años de la que era su pareja en aquel momento y una sobrina de 8 años. Por la gravedad de estos delitos contra la libertad e indemnidad sexual y el material pornográfico generado e intervenido, la justicia ratificó una sanción penal de tres décadas de prisión. Además del encarcelamiento, la resolución impone al condenado la obligación de abonar una indemnización económica de 5.000 euros a dos de las víctimas a cada una de ellas para resarcir los daños causados.

Hallazgo accidental de un bolso en Tudela

El origen de las investigaciones penales se remonta al 14 de junio de 2016, cuando el acusado dejó olvidado un bolso en un banco ubicado en el Paseo de Invierno de Tudela. El bolso contenía una cámara de fotos, documentación personal, una bolsa blanca con una memoria USB y dos tarjetas de memoria SD. Una ciudadana encontró las pertenencias y las entregó en el cuartel de la Guardia Civil, donde un agente procedió a realizar una copia de seguridad de los soportes digitales para intentar averiguar la identidad del propietario, notificando asimismo el extravío a la Policía Local.

El dueño del bolso acudió a las dependencias policiales el 15 de junio para retirar sus objetos. Ese mismo día, el agente revisó la copia de resguardo realizada y descubrió en una carpeta una cuantiosa cantidad de imágenes de contenido pedófilo. Ante la evidencia de un delito grave, la Guardia Civil abrió el correspondiente atestado y dio traslado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Tudela, el cual autorizó de inmediato la entrada y registro en la vivienda del sospechoso para buscar pruebas de agresiones sexuales y pornografía infantil.

Dos absoluciones previas en Navarra

La trayectoria procesal de esta causa se caracterizó por las continuas discrepancia entre los distintos estamentos judiciales. La Audiencia Provincial de Navarra llegó a absolver al acusado en dos ocasiones. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) disentía de esa apreciación absolutoria y anuló los fallos, ordenando a la Audiencia que dictara nuevas resoluciones valorando las imágenes y vídeos intervenidos en los registros domiciliarios.

Finalmente, en una tercera sentencia, la Audiencia dictó la condena a 30 años de cárcel, decisión que fue ratificada de manera consecutiva tanto por el TSJN como por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

El 22 de junio de 2016, durante el primer registro autorizado por el juez, el investigado entregó de forma voluntaria la memoria y las tarjetas extraviadas días antes, incautándose además otros aparatos de almacenamiento. Posteriormente, el 29 de agosto de 2016, tras una orden de detención acordada días antes, se efectuó un segundo registro domiciliario en el que se intervinieron nuevos soportes informáticos.

La controversia probatoria 

El eje de los recursos presentados por la representación del procesado ante el Supremo y el Constitucional residía en la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al alegar que la inspección inicial del USB por parte del agente no contaba con autorización judicial previa, lo que a su juicio anulaba toda la cadena probatoria posterior. Esta pretensión contó con la oposición rotunda de la Fiscalía y de la acusación particular, ejercida por el abogado Sergio Gómez Salvador. La controversia jurídica motivó votos particulares tanto en la sentencia del Tribunal Supremo como en la del propio Tribunal Constitucional, donde uno de los magistrados discrepó del criterio mayoritario.

Pese a los votos particulares, cinco de los seis miembros de la Sala del Constitucional concluyeron que la condena respetó la legalidad. El tribunal reconoce que la primera revisión individual realizada por el agente al recoger el bolso extraviado "carecía de finalidad legítima alguna" y representó una "vulneración intensa de la intimidad", puesto que no existía una investigación penal previa en marcha.

No obstante, el Constitucional determina que existe una clara "desconexión de antijuridicidad" entre ese examen primario y el material probatorio definitivo. Según sostiene la resolución, cuando el sospechoso fue detenido en agosto de 2016, portaba consigo un bolso con un teléfono móvil, una cámara y una memoria USB. Al ser interrogado ante la autoridad judicial y contando con el asesoramiento de su letrado -quien ya había alegado la ilicitud de las pruebas al oponerse a la prisión provisional-, el propio investigado autorizó voluntariamente el acceso al contenido de sus dispositivos.

Por este motivo, el Constitucional sostiene que el consentimiento informado del titular quebró cualquier ilicitud de origen y otorgó plena validez jurídica a la información extraída, permitiendo a la Audiencia valorarla legítimamente para fundamentar la condena definitiva de 30 años de prisión.

2026-11-19T06:44:09+01:00
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