El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes la regularización para medio millón de migrantes

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El Gobierno español prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el real decreto para la regularización de las personas migrantes sin papeles, con el que planea dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas.

El pasado viernes, el Consejo de Estado remitió al Ejecutivo su dictamen sobre este texto; en los últimos días, el Gobierno ha estado trabajando para pulirlo en base a sus consideraciones y el plan es aprobarlo por fin este martes.

Fue el 26 de enero cuando el Gobierno anunció que aprobaría esta medida, que supondrá un antes y un después en la vida de cientos de miles de personas al recoger el espíritu de la iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso avalada por más de 600.000 firmas y después quedó bloqueada por falta de acuerdo político.

Antes del 1 de enero y 5 meses de residencia

El texto ha pasado por varios borradores y ha estado sujeto a cambios hasta el último momento, como los llevados a cabo a raíz del dictamen del Consejo de Estado.

Lo que previsiblemente se mantendrá en el texto es que la medida beneficiará a todas las personas migrantes que hayan llegado al Estado antes del pasado 1 de enero y, en el momento de su solicitud, puedan demostrar que llevan en el país cinco meses, así como los solicitantes de asilo que hubieran hecho su petición antes de la misma fecha. Las solicitudes podrán empezar a realizarse desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el próximo 30 de junio.

La cuestión de los antecedentes penales

Aunque, en términos generales, el dictamen del Consejo de Estado avaló la medida por su potencial integrador y los beneficios que supondrá, también hizo algunas observaciones para mejorar el texto, una de ellas sobre la flexibilidad que ofrece para acreditar la ausencia de antecedentes penales.

El borrador recogía que, de forma excepcional, si un potencial beneficiario no consigue su certificado de antecedentes penales en el plazo de un mes, lo podrá recabar el Gobierno español y, si este no lo consigue en otro mes, bastará con aportar una declaración responsable del interesado.

Sin embargo, el órgano consultivo advirtió que la fórmula de la declaración responsable resulta "inadecuada" para un proceso que afectará a un número muy elevado de personas y permite "relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir a los beneficiarios de ese proceso".

Compatibilidad con el proceso de asilo

Otro aspecto cuestionado por el Consejo de Estado fue el hecho de que, según el texto del Gobierno, cuando un solicitante de asilo pida la regularización, su procedimiento de protección internacional quedará suspendido, algo que el órgano consultivo ha desaconsejado.

El dictamen también dedicó una de sus observaciones a las personas solicitantes del estatus de apátrida, a los que sugiere dejar fuera del proceso. Y recomendó endurecer la exigencia de aportar un informe emitido por entidades sociales para demostrar que la persona interesada en beneficiarse de la medida se encuentra en una situación de vulnerabilidad, eliminando la presunción que el Gobierno establecía en el borrador de que todas las personas que no tienen papeles se encuentra en situación de vulnerabilidad.