El proyecto de ley del Estatuto Marco del Personal Estatutario, la reforma destinada a renovar unas condiciones laborales en la sanidad pública enquistadas desde hace más de 20 años, ha echado a andar formalmente este martes tras recibir la aprobación del l Consejo de Ministros. Sin embargo, la medida que el Ejecutivo abandera como un avance histórico hacia la estabilidad y la conciliación en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha visto la luz envuelta en un clima de fractura absoluta con el colectivo médico. Lejos de calmar las aguas, la decisión gubernamental ha reactivado las alarmas en los hospitales y centros de salud de todo el Estado.
Minutos después de confirmarse el aval del Gabinete, el frente sindical y las principales agrupaciones sanitarias han lanzado un mensaje tajante: "El conflicto médico sigue abierto". Las organizaciones representativas han advertido de que mantendrán "todas las medidas de presión y movilizaciones necesarias", reafirmando su firme disposición a ir a una huelga indefinida durante las próximas semanas.
Ruptura total con Mónica García y amago de huelga indefinida
La tensión política y laboral ha alcanzado su punto de máximo distanciamiento. En un comunicado conjunto, las principales fuerzas del sector —la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA)— han dado por "completamente agotada" la interlocución con la ministra de Sanidad, Mónica García.
Las organizaciones integrantes del Comité de Huelga médica denuncian abiertamente la "cerrazón y el empecinamiento del Ministerio" al tramitar una reforma legislativa de tal envergadura sin el consenso del colectivo facultativo. Los representantes sindicales consideran "incomprensible" que, tras un curso marcado por cinco jornadas de huelga semanal y con la advertencia sobre la mesa de un paro indefinido para este otoño, el Departamento que dirige García haya dejado transcurrir los meses de verano "sin realizar un verdadero intento de acercamiento".
"No habrá Estatuto Marco para los médicos sin contar con los médicos", han sentenciado con firmeza las centrales sindicales, recordando que llevar al Congreso de los Diputados un texto sin pactar sume al sistema en "un escenario parlamentario incierto" donde la confrontación está servida.
En la misma línea destructiva respecto a las expectativas del texto se ha pronunciado la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), que acusa directamente al Gobierno de haber "dado la espalda a una profesión que lleva meses reclamando unas condiciones laborales dignas". Desde Apemyf avisan de que el colectivo ha llegado a su límite: "La profesión médica y facultativa ha despertado. No vamos a seguir tolerando condiciones que nos impiden prestar una atención de máxima calidad y que están dañándonos como profesionales hasta el punto de plantearnos colgar la bata".
Guardias de 24 horas y falta de un marco propio: las grandes discordias
¿Por qué rechazan los médicos la nueva norma si el Ejecutivo promete avances? El núcleo de la discrepancia radica en el tratamiento de las guardias de 24 horas y la exigencia de un ámbito propio de negociación.
A pesar de que el texto ratificado por el Gobierno introduce un límite de 45 horas semanales de jornada máxima (frente a las 48 horas establecidas en la normativa europea), los sindicatos denuncian que se perpetúa una "jornada discriminatoria" que en la práctica puede alcanzar las 75 horas semanales. Aunque la reforma intente encuadrar las jornadas de 24 horas consecutivas bajo la etiqueta de "voluntarias", las agrupaciones médicas aseguran que la realidad asistencial terminará imponiendo esta sobrecarga.
Asimismo, los facultativos insisten en que sus reivindicaciones de fondo no han sido escuchadas. Exigen un reconocimiento y clasificación profesional adecuada, una regulación justa de los descansos, el respeto a las singularidades derivadas de su prolongada formación y responsabilidad, y, de forma crucial, una mesa de negociación exclusiva donde abordar sus condiciones laborales específicas sin quedar supeditados a los acuerdos globales de la administración pública.
Rechazo de los sindicatos médicos y las autonomías
Ante la sucesión de movilizaciones, las comunidades autónomas también han expresado su rechazo al Anteproyecto y distintos consejeros han propuesto que se retire y se empiece de nuevo su redacción a través de un "acuerdo estatal". Mónica García ha descartado esta opción en diversas comparecencias, aseverando que ahora es responsabilidad de las autonomías aplicar las mejoras y, en su caso, acordar nuevas con los sindicatos de sus territorios. Después de esta aprobación en Consejo de Ministros, el proyecto de ley pasará a las Cortes Generales, donde el Gobierno tendrá que encontrar apoyos para la aprobación definitiva de la norma y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).