La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analiza este martes si archiva la queja contra el juez Juan Carlos Peinado por sugerir que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir del país.
Según han confirmado fuentes jurídicas, la comisión permanente estudia la propuesta de archivar esta queja tal y como propone el promotor de la acción disciplinaria, que considera que no existe infracción.
Hace un mes la comisión permanente, con los votos de tres vocales encuadrados en el sector progresista y el de la presidenta del CGPJ, que cuenta con voto de calidad, acordó que el promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, analizara si Peinado pudo incurrir en una "falta grave de consideración" y un "exceso o abuso de autoridad".
Los cuatro vocales del ala conservadora del Consejo suscribieron un voto particular en el que argumentan que la resolución en la que Peinado hizo esas alusiones debe revisarse por la vía ordinaria de recursos ante la Audiencia Provincial de Madrid y no compete al Consejo.
Con esta tesis se alinea el promotor de la acción disciplinaria al apuntar que cuando en las resoluciones judiciales se usen expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes, manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico, el CGPJ solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior que conozca de la misma en vía de recurso.
Referencias a los escoltas
En el auto en el que envió a juicio a Begoña Gómez y acordó retirarle el pasaporte, Peinado apuntó a que "no cabe duda" de que los escoltas de la mujer del presidente "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
Dichas afirmaciones motivaron una queja por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que pidió a la presidenta del CGPJ adoptar "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones" ante el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" por parte del juez.