El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido autorizar a una jueza de Canarias a renunciar a la plaza que había obtenido en Galicia, tras alegar esta que podía sufrir graves problemas con la custodia de sus hijos, ya que su exmarido se opone a que salgan de las islas.
En un escueto comunicado, el CGPJ da cuenta este miércoles de que ha revisado su inicial negativa a la petición de esta funcionaria y subraya que lo ha hecho "de forma estrictamente excepcional y no generalizable", al tratarse de una "circunstancia familiar sobrevenida" y, sobre todo, al constatar que no se perjudica a un tercero.
Admite, así, que concurren "circunstancias que permiten declarar la ineficacia de la adjudicación de la plaza obtenida, al no haberse producido el cese ni la toma de posesión y no haberse generado perjuicio a terceros ni alteración del servicio público".
Traslado
La magistrada participó voluntariamente en un concurso de traslados y obtuvo la plaza para la que se postulaba en Galicia, pero luego comunicó a la Comisión Permanente del CGPJ que renunciaba a ese destino. Sin embargo, eso ocurrió cuando la resolución del concurso ya había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El CGPJ no da más detalles de cuáles son esas circunstancias sobrevenidas alegadas por la jueza.
Sin embargo, estas figuran en un queja pública publicada el pasado 10 de marzo por la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE).
Este colectivo protestó por hecho de que la Comisión Permanente del Poder Judicial hubiera rechazado la solicitud de esta magistrada, a pesar de contar con un informe favorable de la Comisión de Igualdad y de que concurrían, a su entender, "poderosas y sobrevenidas razones de conciliación y protección de la infancia".
El motivo de la magistrada, explicaba la AMJE, era que, con la plaza ya adjudicada y a 24 horas de que se publicase en el BOE, su exmarido se había negado a autorizar el cambio de domicilio de sus hijos, "que se encuentran bajo la guarda y custodia de la madre, llevando a esta a tomar la decisión de renunciar al traslado".
Este colectivo de juezas ya argumentaba entonces que la petición de la magistrada no perjudicaba a nadie y que, en cambio, negarse a ella iba a tener graves consecuencias.
"La decisión que se ha adoptado (y que este miércoles ha revocado el propio CGPJ) deja a las mujeres juezas ante el trance de tener que decidir entre renunciar a la carrera judicial, única opción que se ofrece, o poner en riesgo el bienestar de sus hijos, en lo que viene siendo una clara revictimización de personas que deben ser protegidas", apuntaba.