La justicia europea avala convertir en fijos a los interinos para cortar la temporalidad

La consolidación del empleo del personal interino en las administraciones públicas es una de las demandas históricas de este colectivo. Ayer contó con un nuevo apoyo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalara en una sentencia convertir a estos trabajadores en empleados con contrato indefinido como medida sancionadora frente al abuso de contratos temporales. Eso sí, la sentencia explica que dicha conversión se deberá producir siempre y cuando “no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley”.

Se abre así una nueva vía para la estabilización del empleo interino, una reclamación de larga trayectoria por parte de los sindicatos en el ámbito de la Función Pública. La sentencia del TJUE se origina a partir de la pregunta elevada por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Barcelona. En unas cuestiones prejudiciales, este juzgado se interesa por la postura del TJUE a raíz de dos casos que enfrentan a tres trabajadoras que encadenaron años de contratos temporales con la Dirección General de la Función Pública y el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, respectivamente. En su petición, las trabajadoras, cuya plaza había quedado ocupada por un funcionario de carrera, argumentaban que su trabajo no correspondía a necesidades “temporales, urgentes y excepcionales, sino ordinarias, duraderas y permanentes”, algo que consideran abusivo por parte de las administraciones, y reclaman que su contrato temporal se transformase en una vinculación de carácter indefinido.

Asimismo, piden una compensación económica de 18.000 euros como sanción por el recurso abusivo a sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada del que alegan haber sido víctimas. No obstante, la Generalitat catalana niega este extremo, puesto que “prácticamente cada año” ha habido convocatorias de acceso a las plazas ocupadas por las trabajadoras. En su sentencia, el TJUE concede la razón a las trabajadoras y señala que, a falta de medidas adecuadas en la legislación nacional para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos, la conversión de los contratos o de duración determinada en indefinido puede constituir una medida adecuada de prevención y reparación de abuso, aunque recuerda que corresponde a los juzgados españoles garantizar que esa conversión no implica una interpretación contraria a la ley.

Varias personas se manifiestan para pedir estabilidad en el empleo. EP

En primer lugar, el tribunal señala que la legislación comunitaria se opone a que existan leyes nacionales que sancionan la temporalidad abusiva en la administración con “el mantenimiento del empleado público afectado hasta la convocatoria y resolución de procesos selectivos”, por un lado, y “el abono de una compensación económica con un doble límite máximo en favor únicamente del empleado público que no supere dichos procesos”, por otra. A este respecto, el Tribunal hace una mención a la ley española de 2021 para la reducción de la temporalidad en el empleo público, señalando que “no resulta adecuada para sancionar debidamente los abusos”, pero también a la jurisprudencia del Supremo, que ha concedido la figura de “indefinido no fijo” a los trabajadores que acumulan durante años contratos temporales.

Así, el tribunal con sede en Luxemburgo estima que las compensaciones estipuladas en la misma ley con un doble límite máximo, que alcanzan los veinte días de retribución por año de servicio y doce meses de salario, “no permite ni la reparación proporcionada y efectiva de los daños derivados de dichos abusos”. En resumen, el TJUE estima que “constituiría una medida sancionadora conforme con el Acuerdo Marco Europeo convertir los sucesivos contratos o relaciones de empleo de duración determinada objeto de los litigios en una relación de empleo indefinido”.

Según datos del INE, el número de funcionarios interinos en el Estado sobrepasa los 600.000, dentro de un colectivo, el de los trabajadores públicos, que roza los 2,5 millones. La gran mayoría se concentran en el sector sanitario y educativo. En Euskadi, según datos de Eustat, en 2023 la cifra de interinos se acercaba a los 30.000 trabajadores, sin tener en cuenta el personal dependiente de la Administración del Estado y del Sistema de Seguridad Social.

La suma del personal funcionario interino y del personal laboral temporal, a comienzos de 2023, representaba el 44,1% del total, un porcentaje considerado excesivo por parte de los sindicatos y que se pretende reducir para dar mayor estabilidad al empleo público. En noviembre de 2021, el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Cuerpos y Escalas de la Administración, que excluyó la posibilidad de organizar OPEs específicas para interinos con larga experiencia. A cambio se creó una valoración específica para ellos, que supondrá hasta un 20% de la puntuación. En Nafarroa, por su parte, según datos del Ministerio de Política Territorial, en 2022 el volumen de interinos supone algo más de 12.000 personas, aunque en esta cifra se incluyen los vinculados a la Administración del Estado.