El Ayuntamiento de Pamplona ha procedido al desalojo del asentamiento de personas migrantes que pernoctaban de forma precaria en el antiguo convento de las Agustinas este lunes por la mañana. La intervención, motivada por el comienzo inminente de los trabajos de rehabilitación del inmueble, se ha saldado con la atención de 98 personas, una cifra significativamente superior a los recuentos realizados apenas unos días antes.
El despliegue municipal, en el que han participado efectivos de la Policía Municipal, Policía Comunitaria y técnicos de Acción Social, se inició sobre las 6:30 horas bajo condiciones meteorológicas adversas de frío y lluvia. Durante el proceso, se vivieron momentos de tensión, destacando un incidente en el que un joven se realizó varias autolesiones en presencia de los agentes tras verse obligado a abandonar el lugar con sus pertenencias en bolsas de basura.
Dispositivo de urgencia y soluciones habitacionales
Tras la clausura del recinto, el Consistorio ha activado un protocolo de emergencia para tratar de dar cobijo a los afectados. Según el balance definitivo, 98 personas han sido atendidas, de las cuales la mayoría han sido derivadas a diversos recursos temporales. En concreto, 58 personas han aceptado el hospedaje en hoteles y pensiones sufragados por la administración municipal, mientras que otras 8 han sido trasladadas al albergue de Trinitarios.
Desalojada la antigua ikastola Jaso de Pamplona tras un incendio
El dispositivo también ha incluido derivaciones fuera de la capital: dos personas se han trasladado al albergue de Tudela, y otras cinco, empadronadas en localidades como Berriozar, Burlada o el Valle de Egüés, han sido remitidas a sus servicios sociales de referencia. Además, el Ayuntamiento ha facilitado billetes de transporte para que dos personas pudieran viajar a Barcelona y Valencia.
Para aquellos que presentan ingresos propios, se ha facilitado un listado de habitaciones en pisos compartidos. No obstante, la solución ofrecida es, por norma general, de tres días de duración, lo que ha generado incertidumbre entre los jóvenes desalojados, quienes manifestaban su desconocimiento sobre dónde dormirán una vez expire este plazo.
Duras críticas de los colectivos sociales
La actuación municipal no ha estado exenta de polémica. Colectivos como Apoyo Mutuo, Negu Gorriak y el sindicato de vivienda Etxebizitza Sindikatu Sozialista Iruñerria han calificado la política del Ayuntamiento de "cruel e insensible". Denuncian que el desalojo se ha realizado "sin previo aviso" y que las alternativas habitacionales son meros "parches" de tres días que no solucionan el problema estructural del sinhogarismo.
Desde estos colectivos se acusa al Consistorio de realizar un "sabotaje institucional", ya que para el próximo sábado estaba prevista una jornada comunitaria para limpiar y dignificar el espacio de Aranzadi. Asimismo, han criticado la supuesta exigencia de incautación de pasaportes para acceder a los recursos, algo que consideran "absurdo y cruel" en pleno proceso de regularización.
La respuesta institucional del Ayuntamiento
Ante las críticas, los concejales Joxe Abaurrea y Txema Mauleón han defendido que la intervención ha sido "exquisita y respetuosa". Mauleón ha salido al paso de las acusaciones sobre el bloqueo del padrón, asegurando que "en Pamplona no se deja a nadie sin padrón que tenga derecho", pero insistiendo en que se debe seguir el procedimiento legal de tres meses de residencia habitual.
Respecto a la comparación con otros asentamientos, como la antigua ikastola Jaso, Abaurrea ha aclarado que se trata de un edificio privado y que cualquier intervención depende de una autorización judicial, aunque el objetivo es realizar una actuación similar cuando sea posible legalmente.
Finalmente, el Ayuntamiento ha reconocido la limitación estructural de recursos. Con una lista de espera de más de 40 personas para el programa ETXE BAT y más de 300 familias solicitando pisos de emergencia, el Consistorio ha hecho un llamamiento al Gobierno de Navarra y a otras entidades locales para buscar soluciones coordinadas y estables a largo plazo. Por ahora, los servicios sociales continuarán evaluando individualmente cada uno de los 98 casos detectados tras el cierre de las Agustinas.
Un centro de rehabilitación
El motivo técnico del desalojo es la transformación de este emblemático edificio, proyectado en 1967 por el arquitecto Fernando Redón, en un centro sociosanitario especializado en rehabilitación neurológica y funcional. Las obras han comenzado este mismo lunes con la delimitación del perímetro y la entrada de excavadoras.
El proyecto, adjudicado al Hospital San Vicente SL (Grupo Vitalia) por una concesión de 50 años, supondrá una inversión de unos 10 millones de euros. El futuro centro contará con 33 habitaciones y ofrecerá unidades de tratamiento intensivo y paliativos. Como contrapartida por la gestión del suelo público, el Ayuntamiento recibirá 420 sesiones anuales de neurorrehabilitación para personas con escasos recursos. Además, la intervención permitirá recuperar un inmueble que presentaba un alto grado de deterioro, insalubridad y riesgos de accidente tras años sin uso.
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