Toque de atención de la Comisión Europea al Gobierno de Pedro Sánchez por sus “avances limitados” en la lucha anticorrupción y las deficiencias en materia de transparencia institucional. En el último informe sobre calidad democrática, Bruselas se hace eco de la "preocupación" entre jueces por las "declaraciones públicas de políticos", incluido el Gobierno español, que critican las decisiones judiciales, en un momento en que jueces españoles se han mostrado molestos por los señalamientos públicos y las acusaciones de lawfare que han recibido por parte de representantes políticos.
El equipo de Ursula von der Leyen reprende al Gobierno de Sánchez por la inacción en materia de lucha contra la corrupción y reclama a España más medidas contra la corrupción de alto nivel y endurecer normas contra conflictos de interés de altos cargos a la luz de los avances "limitados" de las reformas emprendidas hasta ahora; unas recomendaciones que Bruselas publica en su informe anual sobre el Estado de derecho en los Veintisiete pero que no son vinculantes para los gobiernos.
Conflictos de intereses
El Ejecutivo comunitario "recomienda a España que impulse el proceso legislativo para revisar el Código Procesal Penal con el fin de fortalecer el marco para las investigaciones y los enjuiciamientos por casos de corrupción de alto nivel, con miras a reducir las demoras".
Además, lamenta que, pese a iniciativas como el Plan Estatal de Anticorrupción, la "aplicación práctica de la normativa vigente" no ha mejorado.
Tampoco considera que se haya avanzado suficiente en el fortalecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de altos cargos ejecutivos, un campo en el que la Comisión de Ursula von der Leyen ve pasos "limitados". Por ello, recomienda a España impulsar el proceso legislativo para reforzar la normativa sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de las personas con altas funciones ejecutivas y "garantizar la independencia y la eficacia" de las facultades de detección y sanción del organismo supervisor competente.
El informe comunitario monitoriza a los veintisiete países de la UE en sus políticas anticorrupción referidas al año 2025, por lo que no cita casos concretos ni se refiere a los últimos escándalos que han agitado la vida política en el Estado español en los últimos meses. Los servicios comunitarios señalan "algunos avances" en la reducción de los plazos de las extensas investigaciones y procedimientos relacionados con casos de corrupción de alto nivel, entre ellos el refuerzo de plantillas y ciertos cambios legislativos. No obstante, consideran que son precisos pasos adicionales porque "persisten los desafíos" y la tramitación de estas reformas continúa siendo lenta.
Jueces
El informe recoge la "preocupación" de jueces y profesionales del derecho por las "declaraciones públicas de políticos", incluido el propio Gobierno, que cuestionan decisiones de los tribunales. "Miembros del poder judicial, incluyendo el Tribunal Supremo, el CGPJ, las asociaciones de jueces, así como el Tribunal Constitucional, siguen señalando que las declaraciones contra jueces individuales contribuyen a la erosión de la confianza pública en el poder judicial", subraya el documento.
Bruselas también reclama acciones en materia de transparencia de los grupos de interés, ya que el Parlamento español sigue sin adoptar el proyecto de Ley sobre Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de interés, lo que mantiene a España dentro del grupo de países europeos (como Polonia, Bélgica o Dinamarca) que tienen pendiente formalizar un marco legal para controlar las influencias externas en la toma de decisiones públicas.