Más emisiones de CO₂ a cambio de inversiones verdes. Esto es lo que ha presentado este viernes la Comisión Europea (CE) a través de la revisión del sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea (ETS, en inglés). Una herramienta de política climática, que relaja y amplía el periodo que tenían las empresas para alcanzar las emisiones netas cero.
Este sistema cambia las reglas actuales del juego y obliga a plantas industriales, aviación y sector marítimo a comprar derechos de emisión para liberar dióxido de carbono a la atmósfera, pero esa cantidad de créditos adquiridos se va reduciendo cada año, y, por ende, encarece su precio e incentiva la adopción de tecnologías y procesos más limpios.
Actualmente, la normativa está pensada para los objetivos climáticos de 2030, la cual prevé una reducción anual de los derechos de emisión del 4,4% que conduciría al final de estos créditos en 2039. Pero con el nuevo sistema propuesto hoy, que debe ser acordado ahora por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, rebaja ese porcentaje al 3,5% desde 2030 y al 1,7% desde el 2036. Esto se traduce en que las plantas industriales que se rigen por este sistema podrán emitir más toneladas y durante más años que en la anterior propuesta de ETS.
En vigor desde 2005, el ETS fija un límite máximo de emisión de dióxido de carbono para cerca de 10.000 instalaciones de sectores como el acero, el cemento o los fertilizantes mediante un sistema de compraventa de derechos. La Comisión ha vendido esta nueva reducción de emisiones como "más gradual" de las actividades con mayor consumo energético y la vicepresidenta de la Comisión para una Transición Limpia, Teresa Ribera, asegura que esta propuesta "mantiene una fuerte señal de precios para seguir guiando las inversiones para huir de los combustibles fósiles y traer productos limpios al mercado. Sigue poniendo un precio al carbono y reafirma la confianza para invertir en Europa".
Además, la revisión aumenta el número de derechos gratuitos de emisión que el sistema reparte a la industria, distribuidos de la siguiente manera: el 80% se entregará una vez que los planes de transición energética de cada empresa hayan sido aprobados por su junta directiva y estén publicados, mientras que el 20% restante se distribuiría una vez ejecutadas dichas estrategias.
A pesar de ello, el comisario de Clima, Wopke Hoekstra, ha explicado en una rueda de prensa que "la distribución gratuita no significa efectivo gratuito. El 100% de los créditos gratuitos tendrán que ser invertidos en descarbonización en Europa". Además, han advertido que las empresas que trasladen su producción fuera de la Unión Europea perderán el derecho a seguir recibiendo estas asignaciones gratuitas. En cambio, aquellas que ya lideren la reducción de emisiones o reciban financiación del Fondo de Innovación o del futuro Banco de Descarbonización Industrial quedarán exentas de estos nuevos requisitos.
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Por otro lado, la propuesta también abre la puerta a incorporar, a partir de 2036, créditos internacionales de carbono equivalentes hasta al 2% del volumen del ETS, siempre que cumplan los criterios de calidad que la Comisión revisará en 2033 antes de autorizar su utilización.
Revisión criticada por los Estados miembros
Esta nueva revisión no ha sido de agrado para todos los Estados miembros. Algunos, como Italia y los países del Este, consideran que el instrumento resta competitividad a su industria frente a las empresas de fuera del bloque. Mientras que otros como el Estado español, Países Bajos o los nórdicos, reclamaban que se mantuviera el 4,4% de senda de reducción hasta 2035. En una declaración conjunta compartida la semana pasada, este segundo grupo pedía que cualquier "ajuste" del factor de reducción se adoptara para después de 2036, mientras que Alemania también abogaba por mantener el ritmo actual de recorte.
El Ejecutivo comunitario plantea asimismo que los Estados miembros destinen obligatoriamente al menos el 50% de los ingresos obtenidos por las subastas de derechos de emisión a inversiones para descarbonizar los sectores incluidos en el ETS. El sistema regula las emisiones de unas 11.000 grandes instalaciones, responsables de alrededor del 40% del CO₂ que genera el bloque, y ya ha permitido recortarlas un 47%. Ahora, con la revisión, Bruselas quiere darle una vuelta al sistema para acercarse a su objetivo de reducir las emisiones un 90% para 2040.