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Bruselas abre un expediente a España por no endurecer las penas por malversar fondos europeos

La Comisión Europea da dos meses al Gobierno español para corregir las deficiencias de la legislación nacional, que contempla penas máximas de prisión inferiores a las exigidas por la normativa comunitaria
Bandera de la Unión Europea frente al edificio del Parlamento Europeo en Bruselas. / EP

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por no haber trasladado a su legislación nacional disposiciones de la directiva contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que en la práctica supone, por ejemplo, penas máximas de prisión por delitos de malversación de fondos comunitarios "inferiores al nivel exigido" por la normativa común.

La apertura del expediente sancionador se inicia con el envío de una carta motivada que da ahora un plazo de dos meses a las autoridades nacionales para abordar las "deficiencias" señaladas, tras lo cual Bruselas decidirá si la respuesta es adecuada o da un paso más en el proceso y remite un dictamen motivado. De no solucionarse en el proceso, el Ejecutivo comunitario puede concluir elevando el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para solicitar una sanción para el país incumplidor.

Competencia de la Fiscalía Europea

Bruselas considera esta directiva "una piedra angular de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE" porque "protege" el presupuesto comunitario, al armonizar las definiciones, las sanciones y las reglas de competencia relacionadas con el fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE. También sienta las bases de la competencia de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés).

Los servicios comunitarios recuerdan que el plazo para aplicar la norma en la legislación nacional expiró en julio de 2019 sin que España cumpliera con el calendario acordado a Veintisiete, por lo que en diciembre de 2021 ya remitió una primera carta de emplazamiento a las autoridades por el retraso en disposiciones que afectan, por ejemplo, a la definición de corrupción. Ahora, Bruselas avisa de que además de las deficiencias señaladas anteriormente, la normativa española "no incluye adecuadamente el delito de malversación de fondos de la UE y prevé una pena máxima de prisión inferior al nivel exigido por la Directiva".

19/11/2026