Bizkaia destierra la tutela judicial en los casos de incapacitación

El Instituto Tutelar de Bizkaia ya es historia. Este organismo será sustituido por un nuevo ente público con el nombre de Gaikuntza después de la reforma del marco normativo que reconoce derechos a personas incapacitadas -y el respeto de los mismos- lo que supone que desaparezca la figura de la incapacitación judicial, que suponía la imposibilidad de una persona para tomar decisiones por su discapacidad. Ese modelo -anticuado y para nada integrador ni inclusivo- será sustituido en Bizkaia por otro que refuerza las medidas de apoyo a la persona afectada.

Y son unas cuantas. Según datos aportados por Arantza Urkaregi (EH Bildu) allá por el año 2020 eran gestionados 2.058 expedientes, quinientos más que los que había abiertos en el Instituto cinco años antes, en 2015, cuando eran 1.528. Y la previsión es que esa cifra pueda ir en aumento, a tenor de la evolución de los nuevos ‘males’ que afectan a las sociedades modernas. La pandemia ha agravado padecimientos y ha revelado trastornos. La salud mental, su empeoramiento, ha sido uno de los efectos colaterales de la mascarilla, los confinamientos, las restricciones…

Un escenario al que es obligado atender por parte de la Administración. De ahí este nuevo paso dado con la creación de Gaikuntza que, como ha subrayado Sergio Murillo, diputado foral de Acción Social, “es más que un cambio de nombre”. Y es que, tal y como ha expresado las personas discapacitadas "pasan a ser titulares de derecho" después de sustituir la tutela judicial por las medidas de apoyo. De ahí el ‘apellido’ que acompaña a Gaikuntza: Instituto para la provisión de medidas de apoyo.

La tutela judicial se mantendrá, eso sí, para los menores de 18 años. Y sí se contempla "la curatela asistencial y la curatela representativa de manera excepcional como medidas judiciales de apoyo", han recordado fuentes forales. De este modo, la Justicia tendrá que hacer "un traje a medida" para cada persona estableciendo los apoyos judiciales "concretos" -puntuales, temporales o permanentes- que necesite la persona con discapacidad, pero sin incapacitar a esa persona en cuestión.

La Diputación tendrá que responder a través del nuevo organismo a esos requisitos. “Todas las instituciones nos vamos alineando en forma y fondo con la mayor personalización de nuestras respuestas a las personas que necesitan apoyos", ha señalado Sergio Murilllo durante su intervención en el pleno celebrado en la Casa de Juntas de Gernika-Lumo.

De este modo se corrige el marco procesal existente y se destierra esa figura de la incapacitación judicial, que suponía la imposibilidad para una persona de tomar decisiones por su discapacidad. Ahora, con este nuevo enfoque social y procesal, a esa persona afectada se le ofrecerán medidas de apoyo ajustadas para que pueda desarrollar su proyecto de vida. “Tienen derecho a tomar decisiones”, ha resumido Murillo en la presentación de esta norma foral (con seis artículos) que sustituye la tutela por las medidas de apoyo, “lo que significa un nuevo paradigma para las personas con discapacidad que pasan a ser titulares de derecho", ha remarcado.