La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha asegurado que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de no admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre un artículo de la Ley de Empleo Público Vasco demuestra que "los consensos que tanto han costado construir" en torno al euskera en el empleo público "no se han roto".
El Tribunal Constitucional acordó en su sesión del 23 de junio inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV respecto al artículo 187.5 de la Ley de Empleo Público Vasco, en vigor desde 2024, relativo a los perfiles lingüísticos en la Administración.
La cuestión había sido planteada en el marco del recurso presentado por Vox contra varios artículos del decreto de normalización del uso del euskera en el sector público vasco, una norma que también fue recurrida parcialmente por el PP.
"Una noticia positiva"
Bengoetxea ha calificado de "positiva" la decisión del Constitucional y ha señalado que el Gobierno Vasco conoció la resolución a través de los medios de comunicación, ya que todavía no dispone del auto.
La consejera ha subrayado que la inadmisión confirma que los consensos alcanzados en torno a la Ley de Empleo Público y, en particular, sobre el citado artículo "no se han roto". No obstante, ha recordado que siguen pendientes de resolución los recursos del PP y Vox contra el decreto de normalización lingüística, por lo que el Ejecutivo autonómico continúa a la espera del pronunciamiento del TSJPV.
Más seguridad jurídica
La vicelehendakari ha recordado que el Parlamento Vasco aprobó hace dos semanas una modificación legal destinada a reforzar la seguridad jurídica de las convocatorias de empleo público.
Según ha explicado, esta norma no incrementa las exigencias lingüísticas para acceder a la función pública ni permite que las administraciones actúen sin límites.
En este sentido, ha precisado que cada administración podrá elaborar su propio índice sociolingüístico de plazas, atendiendo a criterios de proporcionalidad, a la realidad sociolingüística de cada municipio y a las características de cada puesto de trabajo.
Desarrollo del decreto
Bengoetxea ha indicado que el siguiente paso será desarrollar reglamentariamente el decreto para facilitar su aplicación por parte de las administraciones públicas. Asimismo, ha reconocido que PP y Vox "están acostumbrados" a recurrir este tipo de normas y no ha descartado nuevas impugnaciones, aunque ha mostrado su confianza en que el Gobierno Vasco será capaz de aplicar la ley "dotando de mayor seguridad jurídica a las convocatorias públicas, sin incrementar las exigencias de perfiles a los ciudadanos".