Seis de cada diez casos de pobreza en Euskadi se dan en población extranjera

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La Memoria Socioeconómica del CES correspondiente al año 2025, presentada hoy en Bilbao, recoge aspectos sociales de la evolución económica del territorio, con especial incidencia en vertientes cruciales como condiciones de vida, educación, sanidad o vivienda, este último convertido "en la mayor preocupación de la sociedad vasca", tal y como apuntó el catedrático de Economía Financiera de EHU y presidente de la comisión encargada de la elaboración del informe.

El informe del CES recoge que, a nivel general, en lo que concierne a las condiciones de vida, Euskadi mantiene una "posición sólida, pero con datos contrapuestos". Así, en 2025 se constata una "mejora mínima" de la tasa general AROPE -que mide la pobreza y la exclusión- que pasa del 14,8 en 2024 al 14,7 en 2025 (25,7 en el Estado). No obstante, empeora en uno de sus componentes, ya que la intensidad laboral es "muy baja". En el lado positivo, "mejoran las condiciones de las familias monoparentales y la pobreza femenina en general, continúan creciendo las rentas y caen la pobreza energética y la incapacidad de alimentarse de manera correcta".

En todo caso, existen factores negativos de cara al futuro. El informe subraya la necesidad de contemplar la "importancia del aporte migratorio como contribución esencial al reto demográfico" de Euskadi y, en este sentido, destaca que "6 de cada 10 casos de pobreza se dan en familias de origen extranjero de fuera de la UE", lo que hace urgente "reforzar las políticas de acogida e integración y los mecanismos de cohesión social y convivencia". Además, advierte del "aumento significativo" del colectivo afectado por la exclusión residencial, especialmente en las capitales. "Mayoritariamente se trata de hombres de origen extranjero de entre 30 y 54 años, que llevan menos de 2 años en Euskadi", indica.

Por otra parte, el sistema de protección social de Euskadi sigue funcionando con consistencia. El Sistema Vasco para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión desembolsó el pasado año 459,6 millones de euros, un 11,5% menos que en 2024, distribuidos de la siguiente manera: 380,9 en Renta de Garantía de Ingresos (RGI); 48,4 millones en Ayudas de Emergencia Social; y 30,3 millones en Prestación Complementaria de Vivienda.

En lo que se refiere a los beneficiarios de la RGI, el pasado año fueron 57.482 unidades perceptoras, un 0,9% menos. El perfil de la persona perceptora de ayudas es una mujer de nacionalidad española, de más de 40 años y con estudios básicos. El 20,3% de las personas perceptoras de RGI complementan rentas salariales y el 27,1% complementan sus pensiones. El informe constata también la caída del porcentaje de los perceptores de rentas salariales y el aumento de pensionistas. "El Sistema de Garantía de Ingresos reduce en más de un tercio la pobreza en Euskadi", destaca el texto.

En sus conclusiones, el CES reitera que la vivienda "supone un reto estructural en un contexto de incremento de precios", de ahí la importancia de las políticas de vivienda, el foro de Urbanismo y Vivienda y la introducción de las “zonas tensionadas”. El Consejo subraya además la necesidad de mejorar los mecanismos de inspección de viviendas y apartamentos turísticos, y de los procesos de adjudicación de vivienda protegida.

El CES elogia el Pacto Social por la Vivienda, pero indica que "aún no se ven sus resultados". Además, como ejes centrales, recoge que "crece la compraventa de vivienda, al tiempo que la demanda continúa en aumento", lo que deviene en una situación en la que "la oferta es insuficiente, especialmente en alquiler, y los precios continúan al alza", al tiempo que "preocupa el esfuerzo financiero de las familias".

La Memoria Socioeconómica dedica un apartado a la igualdad entre mujeres y hombres, destacando, en relación con la violencia que sufren las mujeres, que "el 48,2% de estas se ven afectadas por la violencia machista en algún momento de su vida". "Preocupan las reducidas tasas de solicitud de ayuda y de denuncia, especialmente entre algunos colectivos", se puede leer.

Por otra parte, el CES ha reiterado también su preocupación por la atención sanitaria y en particular, por las "tensiones" del sistema de salud y por la salud mental. Barrutia incidió en la necesidad de "seguir realizando esfuerzos, tanto económicos como de organización interna", y de refuerzo de las plantillas. En lo relativo a Educación, el organismo señaló que la universidad pública es la opción elegida por la mayoría del alumnado (68,1%), "pero está perdiendo peso" en detrimento de la FP y otros esquemas formativos. "Las mujeres se decantan, en mayor medida, por las áreas sanitarias y de carácter social; y los hombres por las áreas tecnológicas e industriales. No obstante, aunque lentamente, las diferencias se van reduciendo", apunta el CES.