Carlos García Juliá, asesino de los cinco abogados laboralistas del despacho de la madrileña calle Atocha en enero de 1977, es el cabeza de lista de Falange Española por Bilbao en las elecciones del 28 de mayo.

Hay que contar hasta cien para superar la tentación de llenar este texto de exabruptos de alto octanaje. Les recuerdo el caso. Aquella matanza, junto con otros atentados de los días anteriores que acabaron con la vida de varios militantes progresistas, iba mucho más allá de los espantosos crímenes. Se pretendía provocar a los simpatizantes de izquierda para que salieran a tomarse la justicia por su mano, y, de ese modo, dar una excusa para revertir la tímida apertura democrática.

Por fortuna imperó la responsabilidad de los que compartían ideología con las víctimas, y es de agradecérselo especialmente al PCE y a CCOO, que consiguieron que el dolor y la rabia no se tradujeran en ningún solo incidente.

Luego vino el primer juicio contra la violencia de extrema derecha y la condena de este tipejo a 193 años de cárcel que, en realidad, eran 30, el tope legal menos los descuentos. En 1994, ya disfrutaba de permisos de salida y aprovechó uno para fugarse a Brasil. 

En 2018 fue detenido y extraditado a España. La Audiencia Nacional dictaminó que debía cumplir 10 años más, pero tras un birlibirloque judicioso, García Juliá quedó en libertad.

No solo no ha hecho la menor reflexión crítica de su pasado, sino que lo enarbola con orgullo, y hoy encabeza unas listas municipales. Pues eso, caray, pues eso.