Ángel Gabilondo admite que no tiene la colaboración de los obispados

La Comisión del Defensor del Pueblo que se encarga de investigar los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica ha comenzado a redactar el informe, que prevé presentar en el Congreso de los Diputados, antes de que acabe esta legislatura, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, indicó que revelarán qué diócesis no les han dado información. Por ahora, según ha puntualizado, les han contestado “pocos” obispados.

“La información que tengamos la daremos y la que no tengamos también. Diremos también quién no nos ha dado información. Si de las 70 diócesis nos contestan 32, diremos estas 32 nos han respondido y estas 38 no, precisó Gabilondo.

Gabilondo explicó que se han dirigido a las 70 diócesis pidiéndoles su colaboración y explicándoles, en un par de folios, “en qué sentido podría ser eficaz su colaboración” y están “empezando a contestar” aunque por ahora son “pocos”. En todo caso, tras reunirse con la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (Confer), los 70 obispos, las congregaciones, con el decano del Tribunal de la Rota española, y con Escuelas Católicas, que tienen 2.000 colegios, cree que la Iglesia “va a colaborar”. “Todo está en un proceso que me permite pensar, no tengo que dudarlo, que va a colaborar la Iglesia, pero hay que demostrarlo, ahora es el momento de los hechos. Con toda honestidad, conocerán el Parlamento y la sociedad cuál ha sido el nivel de colaboración de la Iglesia católica”, insistió.

El Pleno del Congreso de los Diputados encomendó, en marzo de 2022, al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente que elabore un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos.

REPARACIÓN

Respecto a la reparación de las víctimas, el Defensor del Pueblo consideró necesario una propuesta de los procedimientos y ámbitos de actuación, teniendo en cuenta las necesidades expresadas por las víctimas y de acuerdo con las posibilidades legales existentes; el ofrecimiento de los canales de escucha y reparación ante el posible conocimiento de nuevos casos; el establecimiento de programas de justicia restaurativa; un análisis de la viabilidad de la responsabilidad civil y social subsidiaria y no solo penal, y el ofrecimiento de una respuesta no solo jurídica, sino social a las víctimas.