Agitar el fantasma del pucherazo: una tradición ‘popular’

De todas las decisiones judiciales que últimamente han generado debate por su supuesta motivación política -que no son pocas-, una de las más controvertidas ha sido la paralización cautelar por parte del Tribunal Supremo del voto para los descendientes de españoles ya inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad con la llamada Ley de Nietos. La decisión que, atendiendo al recurso presentado por Vox y Iustitia Europa, adoptó el Alto Tribunal resultó criticada por el Gobierno y también por numerosos jueces y fiscales. Por el contrario, fue recibida con alborozo en el ámbito de la derecha. “Teníamos razón”, se felicitaba Alberto Núñez Feijóo nada más conocer el fallo, recordando que la formación que preside, el PP, se oponía a la norma por ver en ella un intento del Gobierno de Sánchez de alterar el censo electoral e inflarlo en hasta 2,5 millones de personas para perpetuarse en el poder. Una vez más, desde Génova se volvía a agitar el fantasma del pucherazo promovido por el PSOE, reviviendo una vieja tradición en las filas populares, que se remonta a los tiempos de José María Aznar, antes incluso de que Donald Trump hiciera de las falsas acusaciones de fraude electoral su tarjeta de visita, llegando a incitar a un asalto al Capitolio.

Todo tiene su origen en las elecciones de 1989, las primeras con Aznar como candidato de los populares, tras las que se produce una avalancha de impugnaciones presentadas por el PP y también por Izquierda Unida en base a supuestas irregularidades, como discrepancias entre las diferentes listas del censo. Como consecuencia de ello, en un inicio faltaban 18 escaños por concretar, correspondientes a Murcia, Pontevedra y Melilla, por estar pendientes de la resolución judicial sobre su validez. Finalmente, intervino el Constitucional y únicamente ordenó la repetición de las elecciones en Melilla, que se celebraron unos meses más tarde. El PSOE perdió el escaño a favor del PP y con ello se le escapó la mayoría absoluta, que los resultados provisionales le otorgaban por un solo asiento (176 de 350). No obstante, gozó en la práctica de ella debido a la renuncia a participar en la actividad parlamentaria de los diputados electos de HB. Uno de los cuatro que lograron escaño, Josu Muguruza, fue asesinado por pistoleros de extrema derecha en la víspera de la sesión de investidura.

Una noche electoral movidita

Cuatro años después, las elecciones de 1993 tampoco estuvieron exentas de polémica. Los sondeos vaticinaban un resultado muy ajustado entre los dos principales partidos políticos e incluso en el PP se veía como ganadores. Pero los resultados que el ministro de Interior de la época, José Luis Corcuera, fue avanzando en una tumultuosa noche electoral llevaron a que Javier Arenas, por entonces vicesecretario del PP, compareciera ante los medios para denunciar lo que, a su juicio, eran unas graves irregularidades. Le acusaba al responsable de Interior, entre otras cosas, de falta de transparencia en la transmisión de los datos del escrutinio y puso en duda la veracidad de los mismos al tildar de “increíble” la rueda de prensa que ofreció para anunciar los resultados provisionales, exigiéndole con aspereza que diera públicamente explicaciones sobre lo ocurrido. También anunció que solicitarían aclaraciones a la Junta Electoral Central por el “funcionamiento extraordinario en las horas de los colegios electorales”, ya que, según afirmó, “ha habido ciudadanos que incluso han podido ejercer su derecho al voto” después de que Corcuera avanzara datos del recuento.

Arenas estaba acompañado por Alberto Ruiz-Gallardón, quien afeó al ministro -por entonces socialista- el haberse “atrevido a anunciar públicamente un empate a 14 escaños en la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando los datos que nosotros tenemos nos dan 18 escaños al Partido Popular frente a 12 del PSOE”. Y añadía Gallardón, por esas fechas senador del PP: “Si el resto de las circunscripciones españolas tienen el índice de credibilidad que tienen los datos que el señor Corcuera ha dado sobre Madrid, les puedo asegurar que va a ser difícil encontrar en los últimos años un error tan importante en un anuncio del ministro del Interior”.

A estas andanadas se añadían las que esa misma noche lanzó en una entrevista televisiva Rodrigo Rato, en ese momento portavoz parlamentario, que ponía bajo sospecha el mismo censo electoral al achacarle un “defecto” por el que habían quedado excluidos miles de ciudadanos al no ser subsanado por un Gobierno “incapaz de garantizar el derecho al voto para todo el mundo”.

Esa batería de declaraciones encendieron los ánimos de los militantes del PP, que se acercaron a la sede de Génova gritando “manos arriba, esto es un atraco”. No obstante, en su alocución a los simpatizantes, Aznar solicitó “respetar la voluntad de los ciudadanos españoles”. Según algunas fuentes, en ese reconocimiento de la victoria socialista medió una llamada del rey Juan Carlos I al líder popular.

Unos años de respiro

Tres años después -en 1996-, Aznar lograría al fin derrotar a Felipe González y accedía a la presidencia del Gobierno, en la que se mantuvo hasta el 2004. En ese período, el fantasma del pucherazo se tomó un respiro, al igual que en los siete años posteriores de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. La burda mentira urdida por la cúpula del PP sobre la autoría de los atentados yihadistas del 11-M en Madrid con el único objetivo de aferrarse a la poltrona allanó al candidato socialista el camino a una victoria electoral que, solo unos días antes, parecía garantizada para la formación derechista.

De Melilla a Mojácar

A Zapatero le relevó Rajoy en una época en la que se tambaleó el bipartidismo, pero no se recurría por lo general a arrojar el peso de la duda sobre el sistema electoral. Fue, sin embargo, con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa cuando el PP rescató del olvido su querencia conspiranoica por ver artimañas electorales por doquier. En los días previos a las elecciones municipales de 2023 saltó la chispa, al salir a la luz pública dos casos de presunta compra de votos, sin vinculación entre ambos. Uno se ubicó en Mojácar (Almería), donde se detuvo a dos candidatos socialistas entre un total de siete arrestados, y otro en Melilla, en un caso vinculado a Coalición por Melilla. Al hilo de ello, Esteban González Pons, a la sazón vicesecretario institucional del PP, aseguraba que estaban “ante una trama de compra de votos por correo que no se reduce a Melilla, que va desde Melilla hasta Mojácar” a la que calificó de “asquerosa” y que “implica y beneficia al PSOE o a sus socios” y de la que además “se habla en toda Europa”. Y para reforzar la acusación de que implicaba “personalmente” a Sánchez se remitía al hecho de que este veraneaba en Mojácar.

En los días posteriores saltaron además otros nuevos escándalos en unos pocos pequeños municipios de Murcia, Huelva y Zamora y en La Gomera, aunque se trataba de casos aislados. Hasta el punto de que Alberto Núñez Feijóo, ya por entonces máximo dirigente popular, si bien reclamaba a Sánchez que no se escondiera y asumiera la “responsabilidad” de aclarar lo sucedido, rehuía dar pábulo a ciertas conjuras al afirmar que el PP “mantiene la absoluta confianza en el sistema democrático de España”.

Feijóo y los carteros

Quizás ese margen de confianza se debía a que apenas llevaba un año al frente del partido. Pero solo dos meses después, en plena campaña para las generales del 23 de julio de 2023, Feijóo dio voz a un bulo que, difundido por algún medio de la derecha extrema, apuntaba a la devolución de 350.000 papeletas porque Correos no encontraba al destinatario. En un mitin celebrado en Murcia, el candidato del PP pedía “a los carteros de España que trabajen mañana, tarde y noche, con independencia de sus jefes, y que repartan todos los votos antes de que venza al plazo”. Y además se comprometía a pagarles las horas extraordinarias “en el primer Consejo de Ministros” presidido por él “por cumplir con su deber”, insinuando que desde Correos -dirigido en aquella época por Juanma Serrano, exjefe de Gabinete de Sánchez y en la actualidad imputado en el caso Leire Díez- no se hacía todo lo posible por garantizar la viabilidad del voto a distancia en pleno período estival.

Otro escándalo artificialmente inflado por el PP se dio cuando unos ladrones se llevaron el contenido de una caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz), en la que había 14.000 euros y 124 votos paras las elecciones extremeñas de unos pocos días después. La Guardia Civil encontró después la caja y los sobres con los votos desperdigados, pero ni rastro del dinero. Pese a que a todos luces se trataba de un suceso de delincuencia común, la candidata popular, María Guardiola, dijo sin pudor alguno: “Están robando la democracia delante de nuestros ojos. Alguien quiere que los extremeños no tengamos el derecho a decidir”. Finalmente, los extremeños decidieron que Guardiola ganara las elecciones y que, con el apoyo de Vox, repitiera como presidenta de la Junta de Extremadura.

Ayuso y el DNI

Pero entre las agitadoras de la sombra del pucherazo no podía faltar ella: Isabel Díaz Ayuso. En vísperas de las elecciones municipales de 2023, realizó un vaticinio que, al menos de momento, no se ha cumplido. “Sánchez se va a ir como llegó, con un intento de pucherazo”, decía en un mitin la baronesa madrileña, aludiendo a los casos de compra de votos destapados en varios pequeños municipios. Venida totalmente arriba, acusaba al presidente y a sus socios de “cambiar papeletas por papelinas porque le han comprado el voto a inmigrantes y toxicómanos” y, frente a ello, hacía un llamamiento al voto masivo “para sortear las trampas y para poner en su sitio a los enemigos de España”.

No es la única vez que ha aludido a supuestos complots. Más recientemente, el pasado mes de marzo, en puertas de las elecciones en Castilla y León -que ganó el PP-, se hizo eco de un vídeo en redes sociales que aseguraba que cualquier persona podía falsificar su identidad en el DNI a través de unas app móviles. “Hay motivos para pedir plena seguridad en el voto para las próximas elecciones generales”, aseveraba, aunque la Junta Electoral negaba la posibilidad de votar varias veces con identidades falsas. Y, solo mes y medio después, pedía a su partido estar “atentos” y que disponga de “personas en todas las urnas” para garantizar la limpieza del resultados en posteriores citas electorales. Lo hacia la presidenta madrileña con la mente puesta en el proceso de regularización de inmigrantes emprendido por el Gobierno y en la Ley de Nietos, ambos vistos por ella como un “atentado al Estado de Derecho” por intentar “inflar los censos electorales”. “Argentina será la tercera provincia en número de votantes”, advertía al respecto, un par de meses antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre esta norma. Pese a la paralización del derecho al voto decretada por el Alto Tribunal, Ayuso anunció pocos días después que presentaría alegaciones a la Junta Electoral Central para que en una hipotética ampliación del censo electoral madrileño se incluyan solo votantes del exterior que acrediten que la última residencia de sus antepasados estuvo en dicha comunidad.

Ingeniería electoral

La noticia del fallo del Supremo fue aplaudida por la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, quien destacaba que el Gobierno pretendía “con todo descaro alterar las elecciones generales para que Pedro Sánchez se perpetuara en el poder”. Seguía la línea marcada por Feijóo, que a finales de junio ya habló de la “ingeniería electoral” pergeñada desde la Moncloa para “fabricar votantes” con el objetivo de que al PSOE “le salgan las cuentas”.

Es el mismo Feijóo que en 2022, cuando se aprobó la Ley de Memoria Democrática de la que deriva, en forma de disposición adicional, la llamada Ley de Nietos, reclamaba “una ley específica para recuperar la nacionalidad a los descendientes de españoles” ya que se trataba de “un derecho civil”. Sin embargo, la progresiva asimilación por parte de la cúpula de Génova de los conceptos manejados por Vox ha modificado la posición del PP también en esta cuestión. Y su imparable escalada en el nivel descalificación hacia Sánchez les lleva a dar por plausibles las más hiperbólicas hipótesis. Ya lo decía hace poco más de un año Aznar, con quien comenzó la afición en el PP por denunciar pucherazos, en una entrevista con El Mundo. A raíz de unos audios del caso Koldo en los que el propio Koldo García y Santos Cerdán hablaban sobre meter dos papeletas en las urnas para las primarias del PSOE de 2014 -en las que Sánchez derrotó a Eduardo Madina-, el exdirigente popular, responsable en 2004 de alentar aquella mentira que le costó la presidencia del Gobierno, se cuestionaba: “Cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?”. Lo que importa no es si es verdad o no. Lo importante es sembrar la duda. Calumnia, que algo queda.