739 viviendas protegidas y dar salida a 790 pisos vacíos, en la hoja de ruta residencial de Bergara

Actualizado hace 5 minutos

La declaración de Bergara como zona de mercado residencial tensionado, que se ha oficilizado este martes, lleva aparejado un plan de acción con medidas para contener los precios del alquiler, ampliar la oferta asequible, movilizar la vivienda vacía, fomentar la rehabilitación y mejorar la coordinación institucional. Las actuaciones responden a una situación marcada por el incremento del 21,5% de las rentas en los últimos cinco años, los 470 expedientes activos en Etxebide -de los que el 86,6% corresponden a personas que demandan un piso de arrendamiento- y un parque público y protegido que apenas representa el 6,4% del total de inmuebles. Además, el 77,5% de las personas inscritas en el servicio vasco cuenta con ingresos bajos o medio-bajos y el 26,8% tiene menos de 36 años. Sobre esta base, el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco han puesto sobre la mesa distintas fórmulas para atender las necesidades residenciales del municipio.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla 1.123 nuevas viviendas, de las que 739 estarán sujetas a algún régimen de protección: 291 VPO y 448 tasadas. En este marco, el plan de acción apuesta por revisar los criterios urbanísticos para aumentar el peso de la vivienda protegida y orientar una mayor parte de los nuevos desarrollos al alquiler.

Artzamendi, entorno del Miguel Altuna, antigua Algodonera

Entre las intervenciones propuestas figura la parcela municipal A-17.1 de Artzamendi, situada en la ladera entre las escaleras y la fuente junto al frontón, con capacidad para albergar 20 VPO. El Consistorio y el Ejecutivo vasco han avanzado en la posibilidad de acordar la cesión de este suelo municipal para impulsar su construcción. Asimismo, han examinado las posibilidades de los terrenos próximos al instituto Miguel Altuna (vaguada de la Mayc), además de la antigua Algodonera y Urteaga.

En este último sector, el planeamiento A-18, aprobado el pasado año, prevé 346 viviendas, la mayoría libres, con una reserva de 90 protegidas o tasadas. También se incluye el solar A-40 de la calle Ernai, donde se están edificando 36 viviendas libres.

La estrategia descarta abrir nuevos ámbitos residenciales a corto plazo y se decanta por aprovechar los desarrollos recogidos en el PGOU y reforzar la colaboración con el Gobierno Vasco y Visesa para ampliar el parque público. El Ayuntamiento quiere que las actuaciones se pongan en marcha "cuanto antes"», aunque todavía no hay un calendario definido. Los plazos dependerán de la disponibilidad de los terrenos y de la capacidad para impulsar cada proyecto. Salvo Artzamendi y el entorno de Miguel Altuna, el resto está ligado a promociones privadas, por lo que la ejecución de las viviendas protegidas dependerá igualmente del ritmo de esas operaciones.

El viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, el alcalde, Gorka Artola, y el edil Markel Azkargorta. N.G.

Prioridad para el Consistorio

El alcalde, Gorka Artola, subraya que el acceso a una vivienda digna constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y una prioridad para el Consistorio. "Tenemos que trabajar para que las personas que quieren llevar a cabo su proyecto de vida en Bergara tengan oportunidades reales de acceder a una vivienda a un precio asequible", insiste. Artola incide en la necesidad de reforzar la colaboración entre administraciones y de ofrecer respuestas concretas a las necesidades actuales, especialmente las de las personas jóvenes y las familias con mayores dificultades para acceder al alquiler.

En la misma línea, el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos, señala que el reto pasa por adaptar las políticas públicas a la realidad de la ciudadanía. "En Bergara tenemos que aumentar la oferta y conseguir que una parte mayor responda a la demanda real de alquiler", apunta. Destaca, a su vez, que la declaración de zona tensionada proporciona nuevas herramientas, aunque insiste en que deben aplicarse dentro de "una estrategia realista, coordinada y con capacidad para ejecutarse".

790 viviendas vacías

Bergara tiene identificadas 790 viviendas vacías, de las que 62 forman parte del programa Bizigune. Para favorecer su incorporación al mercado del alquiler, el Ayuntamietno estudiará elevar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aplicado a las propiedades desocupadas, que en estos momentos se sitúa en el 50%, pero podría alcanzar el 150%, el máximo permitido por la normativa. La medida se complementaría con incentivos para facilitar su puesta en el mercado y reforzar la captación de inmuebles para el programa Bizigune.

Locales viviendas, división de caseríos

El plan también plantea aprovechar mejor los espacios ya construidos para generar nueva oferta residencial sin necesidad de ocupar más suelo. Entre las alternativas figuran facilitar, bajo determinadas condiciones, la transformación de locales comerciales en viviendas, estudiar la división de caseríos cuando sea compatible con la actividad agraria y permitir la segregación de viviendas de grandes dimensiones. Para ello, será necesario revisar las ordenanzas municipales, analizar las características de cada inmueble y garantizar que los nuevos pisos cumplan los requisitos de habitabilidad.

Rehabilitación y atención a las situaciones de vulnerabilidad

Otro de los ejes del plan, que abarca el periodo 2026-2028, pone el foco en la accesibilidad, la eficiencia energética y las condiciones de habitabilidad de los edificios. En este contexto, el barrio de Osintxu podría acoger un proyecto piloto de acompañamiento a comunidades de propietarios para impulsar la rehabilitación y la movilización de las viviendas. La iniciativa busca identificar las necesidades de los inmuebles y facilitar a sus propietarios el acceso a los recursos y ayudas disponibles.

La atención a las situaciones de vulnerabilidad constituye otro de los apartados del documento. En 2024, el 51,32% del gasto municipal en ayudas de emergencia social se destinó al alquiler, con un desembolso de 149.300 euros. El plan propone adaptar la gestión de estas ayudas al nuevo sistema de prestaciones de vivienda y reforzar la coordinación con Etxebide para facilitar el acceso de la ciudadanía a los recursos disponibles.

En definitiva, el plan de acción establece mecanismos de seguimiento y coordinación institucional para evaluar la aplicación de las medidas, y marca como prioridad las intervenciones relacionadas con la vivienda vacía, Bizigune, la rehabilitación, la atención a la demanda y la gobernanza.