73 detenidos en Melilla por declarar falsas bajas laborales mientras simulaban trabajar

Actualizado hace 1 minuto

La Policía Nacional ha detenido a 73 personas, todas afincadas en Melilla, como presuntos responsables de un fraude masivo a la Seguridad Social, merced a declarar falsas bajas laborales mientras simulaban ejercer como trabajadores autónomos o como asalariados por cuenta ajena. Los agentes han detectado que el fraude cometido supera los 3,5 millones de euros.

Durante el operativo policial se ha tomado declaración a un investigado no detenido en Melilla. Asimismo se ha realizado un registro en la oficina del principal encausado donde se intervino abundante documentación tanto física como electrónica que será analizada con posterioridad, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación ha permitido constatar la existencia de una organización con un claro 'modus operandi': los presuntos defraudadores se inscribían en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social en una actividad laboral de escasa cualificación (albañilería, peluquería o mozo de almacén), si bien se autoasignaban una base de cotización muy elevada y desproporcionada --hasta 4.000 euros-- para el común de los ingresos medios estipulados para dicha profesión.

Bajas laborales por falsos accidentes de tráfico

A los pocos días de constar de alta, los investigados declaraban haber sufrido un accidente cuyas secuelas le impedían realizar dicho trabajo, por lo que causaban baja laboral en ese mismo instante. En ese momento pasaban a percibir una prestación mensual en proporción a la base de cotización impuesta que, como ya se ha indicado, era de muy alta cuantía.

Los accidentes aludidos solían ser caídas fortuitas o enfermedades, si bien lo común era indica ser víctima de un falso accidente de tráfico en el que figuraban como testigos otros integrantes de la trama, que a su vez, en otros casos se presentaban como accidentados para beneficiarse del fraude descrito.

Además de como trabajadores autónomos, a lo largo de la investigación se ha comprobado que la mayoría de los implicados igualmente estaban de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como asalariados de terceras personas, por lo que en el momento de causar baja laboral recibían otra prestación mensual a sumar a la referida anteriormente como trabajador autónomo.

En este punto, los investigadores detectaron que dichas contrataciones eran efectuadas por un grupo reducido de los mismos empresarios, además de advertir que dichas relaciones laborales databan de escasos días antes de haberse causado la baja, por lo que los referidos contratadores pasaron a ser considerados también como investigados.

Pensión vitalicia tras examen médico

Al año de baja laboral, y tras superar las pertinentes revisiones médicas periódicas, los investigados eran sometidos a examen por un tribunal médico para decretar si procedía desestimar la baja del presunto afectado y retornar a su actividad laboral o, por el contrario, apreciar una verdadera lesión y conceder la invalidez permanente, con lo cual el defraudador hubiese logrado el fin buscado de obtener una pensión vitalicia.

Tras analizar todos los casos, los agentes constataron que todos los encartados eran vecinos de un mismo distrito de la ciudad, además de haberse encontrado lazos familiares y relaciones de parentesco entre la inmensa mayoría de ellos.

Fruto de dicha vecindad, todos acudían al mismo Centro de Salud para prolongar las bajas laborales, detectando a su vez que un médico en concreto atendía a la mayor parte de los encartados, por lo que dicho facultativo se halla igualmente encausado en la investigación, y que muchos de los accidentados presentaban lesiones en la misma parte de su anatomía. Las gestiones practicadas han demostrado que, durante las revisiones médicas, se ha aportado la misma resonancia magnética en más de una ocasión.

Falso gestor administrativo

Asimismo, mediante el análisis de la numerosa documentación recabada, los agentes comprobaron que un porcentaje muy elevado de casos era representado por una misma persona, quien se encargaba de toda la burocracia inherente al fraude.

Este gestor administrativo, que ejerce su actividad en Melilla, ya había sido detenido en varias ocasiones por su participación en delitos de falsedad documental, estafa y fomento de la inmigración irregular. Gracias a los testimonios de los propios encartados, se puede saber que el citado gestor administrativo, el cual no consta colegiado ni en dicho gremio ni en el de la abogacía, fue el principal urdidor de la trama aprovechando sus conocimientos en la materia para llevar a cabo el fraude.