Violencia económica, el abuso invisible que atrapa a miles de mujeres

La violencia económica es una de las formas más silenciosas y normalizadas de violencia de género. Este tipo de abuso se manifiesta cuando una persona controla o limita la autonomía material de otra: impedir trabajar, retener o desviar ingresos, restringir el acceso a cuentas bancarias, exigir justificación constante de gastos o incumplir obligaciones económicas como el pago de pensiones son algunos ejemplos claros.

Aunque suele pasar desapercibida, sus efectos son profundos y afectan a la libertad, la salud y la capacidad de las mujeres para abandonar relaciones abusivas. Según datos de la Fundación Nantik Lum, alrededor del 12% de las mujeres en España sufre violencia económica cada día, mientras que cifras de UN Women estiman que una de cada tres mujeres a nivel mundial la experimenta en algún momento, generalmente acompañada de violencia física o sexual. A pesar de su magnitud, la detección sigue siendo baja.

Marco legal insuficiente

España cuenta con un marco general contra la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004), pero al reconocimiento explícito de la violencia económica le falta homogeneidad legal, claridad penal y protocolos específicos en todos los ámbitos: justicia, servicios sociales, banca y administraciones públicas.

Esta falta de claridad hace que las víctimas queden atrapadas en relaciones de pareja sin autonomía financiera y sin la capacidad de tomar decisiones libres, lo que para muchas mujeres se traduce en riesgo de pobreza, exclusión laboral, falta de ahorro, dificultades de acceso a prestaciones y en un deterioro notable de la salud mental y física.

La falta de independencia económica deja a muchas mujeres atrapadas en relaciones tóxicas.

Señales de alarma y formas de control

La economista Elisabet Ruiz Dotras, experta de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), explica que la violencia económica suele seguir un patrón progresivo: inducir a la mujer a dejar su empleo o reducir su jornada, desvalorizar su salario o su trabajo, aislarla de su entorno laboral, concentrar las contraseñas y las decisiones financieras en una sola persona, así como exigir la justificación de cada gasto para terminar perdiendo todo el espacio económico individual.

Estas dinámicas pueden evolucionar hacia conductas graves como aperturas de crédito en nombre de la víctima, transferencias patrimoniales bajo presión o movimientos no consentidos desde cuentas compartidas. Ruiz Dotras propone medidas de prevención como tener cuentas separadas y otra cuenta común, verificación reforzada en bancos cuando firma una sola parte y automatizar el pago de pensiones para impedir su uso como herramienta para coaccionar a la mujer tras una separación.

Una hucha con ahorros bloqueada por una cadena y un candado.

Dificultad de demostrar y perseguir

El también experto de la UOC, el penalista Oriol Martínez Sanromà, señala que la violencia económica se suele manifestar a través de delitos patrimoniales como hurtos de bienes comunes, apropiación indebida o administración desleal. También puede haber coacciones si se impide el acceso a bienes propios o estafa cuando hay engaño.

Apunta a dos grandes obstáculos que dificultan acabar con ella: vincular actos aislados con un patrón de control y recoger pruebas como rastros digitales, firmas electrónicas, direcciones IP o informes contables, que son esenciales para demostrar la intencionalidad.

A esto hay que sumar la excusa absolutoria del artículo 268 del Código Penal, que excluye ciertos delitos entre familiares si no hay violencia, lo que obliga a demostrar que el patrimonio se usa como herramienta de dominación.

Martínez Sanromà considera imprescindible que haya criterios homogéneos en los juzgados, mejoras en las medidas cautelares y protocolos claros para los bancos que permitan detectar riesgos sin vulnerar la presunción de consentimiento en cuentas compartidas.

Reparación real

La criminóloga Laura Arantegui, experta de la UOC, advierte de que, incluso cuando hay condena, muchas víctimas no llegan a cobrar indemnizaciones; la insolvencia del agresor o su falta de localización deja a las mujeres desprotegidas. Propone crear un fondo público que anticipe indemnizaciones a las víctimas más vulnerables y sistemas de pago automático de obligaciones periódicas para evitar el control económico tras la ruptura.

Tres propuestas urgentes

Los expertos proponen tres medidas para abordar este problema: una educación financiera con perspectiva de género para desnormalizar la dependencia económica; protocolos bancarios reforzados que detecten manipulación y control, y una Justicia con medidas cautelares homogéneas y una automatización de pagos, como en el caso de las pensiones.

La violencia económica sigue siendo invisible porque se esconde en rutinas cotidianas y en decisiones aparentemente domésticas, y reconocerla es el primer paso para erradicarla.