Villamanín y el 'Gordo' de Navidad: lecciones de un premio compartido

Actualizado hace 7 minutos

A raíz del conflicto surgido tras la venta de participaciones del Gordo de Navidad en Villamanín (León), han vuelto a aflorar algunos de los problemas habituales ligados al reparto de premios compartidos: la validez de los acuerdos alcanzados a posteriori, la situación de quienes no los aceptan o las posibles reclamaciones. La solución impulsada por la comisión organizadora ha reabierto un debate que la OCU advierte cada año.

La localidad leonesa pasó en poco tiempo de la euforia a la tensión tras resultar agraciada con el Gordo de la Lotería de Navidad el número 79.432, vendido en participaciones por la comisión de fiestas del pueblo. La comisión, integrada por un grupo de jóvenes –constituida formalmente como asociación el pasado viernes–, vendió 450 participaciones por cinco euros. Posteriormente, se detectó que 50 de ellas carecían de respaldo en décimos. Esto generó un desfase de cuatro millones de euros.

El error provocó malestar entre los agraciados y derivó en una reunión celebrada en el Hogar del Pensionista, donde se propuso una reducción del premio por participación para que todos pudieran cobrar. El acuerdo, que incluía la cesión del décimo jugado por la propia comisión y sus premios personales, no fue aceptado por unanimidad y evidenció la división vecinal. Algunos exigían el cobro íntegro y otros apostaban por una solución consensuada. La comisión reconoció públicamente el fallo, negó cualquier fraude y expresó su disposición a renunciar a su propio premio para evitar un conflicto judicial y preservar la convivencia en el pueblo.

Kepa Loizaga, delegado de la OCU en Euskadi, señala que la vía adoptada por la comisión, mediante una plataforma online para que los agraciados registren su papeleta y acepten o no la propuesta, refuerza su validez legal. Loizaga recuerda que “una asamblea no tiene validez jurídica” y tiene como función dar a conocer el problema y buscar soluciones. En un pueblo pequeño, muchas veces no se conocen los dueños de cada papeleta; de ahí que sea imprescindible que cada participante firme para garantizar su derecho a cobrar. “Porque yo, si tengo una participación y me empeño en cobrar lo que me ha tocado yo reclamaré contra esa comisión. Y me lo tenéis que pagar sí o sí”, explica.

Loizaga destaca esa complejidad de garantizar que todos los afectados estén localizados –habitantes o visitantes– y participen en el acuerdo: “Los dueños de todas tienen que dar el visto bueno al acuerdo. Con que una papeleta no lo quiera, ese acuerdo no le afecta”. El riesgo de desacuerdo puede generar pérdidas adicionales para los demás participantes. Loizaga recuerda además que la comisión tenía décimo, lo que ha permitido recuperar dos millones. Cada participante defenderá sus propios intereses y, como explica Loizaga, “si no es unánime, cada uno podrá hacer lo que quiera y no hay obligatoriedad de firmar ese acuerdo”.

El abogado advierte además que los premios grandes multiplican los riesgos de conflicto: “los amigos desaparecen y todo el mundo quiere lo suyo”. Por ello, insiste en la necesidad de organizar desde el principio la compra de décimos y luego emitir las participaciones, evitando vender más de los que se poseen: “No puedes hacer, según vendes, imprimes más. Corres unos riesgos, como este que ha pasado”.

En cuanto a la validez legal del acuerdo alcanzado tras conocer el premio, Loizaga apunta que “Si lo firman todos se puede considerar válido, porque cada uno, llegan a unos acuerdos cada uno renunciando a ciertas partes. Pero en beneficio de todos”. Sin embargo, advierte que el proceso debe ser ágil: “Tienen que hacerlo, entre comillas, rápido, porque esos boletos tienen que estar cobrados antes de tres meses”.

Según la información de la OCU, a la hora de cobrar un premio compartido, para empezar, hay que saber que lo cobra quien lo posee y “el depositario debe entregar a cada participante una copia firmada con nombres y DNI, indicando cantidades”. También es válido enviar este acuerdo por correo electrónico o WhatsApp, siempre que los pagos se realicen antes del sorteo. Además, Loizaga recalca que la comisión no puede cobrarse e ir repartiendo el dinero: “Por cada salida de dinero que hagas, vas a pagar el impuesto de sucesión, de donaciones. Y eso es un dineral”.

Loizaga considera que “todo fue muy chapucero desde el principio”. Según el abogado, la clave para evitar problemas es anticiparse y asegurar que cada participación tenga respaldo en décimos antes de su venta. Cualquier error detectado a tiempo –anulación de papeletas o cambios de número– puede corregirse con transparencia y por ejemplo comunicarlo mediante la prensa, algo que no ocurrió en este caso.

La gestión correcta, explica, pasa por pedir los décimos y hacer la cantidad una vez que el lotero asegura que ha apartado los décimos. “A partir de ahí el problema es del lotero, ya no es mío”, aclara, “porque yo conforme a la información que me ha dado el lotero, he hecho”. Por eso califica como “peligrosísimo” ir pidiendo y haciendo más boletos nuevos.

Uno de los problemas más frecuentes tras un premio como este es la prisa por cerrar acuerdos, ya que tiene que solucionarse en un tiempo limitado. Por eso, la vía de llegar a un acuerdo amistoso suele ser la más recomendable. “Parece ser que la gran mayoría estaban dispuestos a perder, o a dejar de ganar dinero para que todos tuviesen”, explica Loizaga. Pero el conflicto continuaría mientras haya alguna persona que no esté de acuerdo y los deban dejar de ganar algo para cumplimentarlo y beneficiarse todos. En caso de que no se logre, advierte, que el asunto se lleva al juzgado, ordenando a Loterías y Apuestas del Estado que retenga el pago hasta que se resuelva el conflicto, garantizando que los décimos premiados no se entreguen mientras haya disputas. Como se ha hecho saber en el periódico El Debate: “Entre las primeras medidas adoptadas figura la custodia notarial de los décimos premiados”.

Posibles reclamaciones

En relación con las posibles reclamaciones, Loizaga señala que, aunque un participante haya firmado previamente un acuerdo de reparto, la reclamación sigue siendo posible desde el punto de vista legal. El abogado enfatiza que la impugnación de un acuerdo sólo sería válida en circunstancias concretas, como la coacción, la presión indebida o la falta de información: “Lo que no puedes firmar nunca es coaccionado. Y tienes que estar muy claro cuáles son los términos del acuerdo”. Por eso, la redacción del acuerdo debe ser inequívoca, clara y detallar con precisión cómo se distribuye el premio, “que no deje lugar a dudas”.

Aunque hay que aclarar la diferencia entre las personas que quizá no convivan en el pueblo y las que sí. Por ejemplo, los habitantes del pueblo podrían someterse a una coacción y si habría una evidencia concreta, como daños a vehículos o amenazas directas. Loizaga explica que el afectado tendría la posibilidad de recurrir legalmente. Este enfoque subraya que, en un reparto de premios colectivo, la transparencia, la claridad en los acuerdos y la ausencia de presiones externas son determinantes para que cualquier pacto tenga validez legal y evite conflictos posteriores.

Algo recurrente

Loizaga recuerda que estos problemas no son exclusivos de Villamanín, y ocurren con cifras más pequeñas: “ha pasado en más pueblos también lo tengo claro y se ha salvado que no ha tocado la lotería”. Uno de los errores más frecuentes es la confianza excesiva entre amigos o vecinos, que lleva a acuerdos verbales o informales. Loizaga advierte: “Todo lo que no esté por escrito se lo lleva el viento”. Por ello recomienda algo tan simple como apuntar los datos en un post-it y mandar la foto a cada uno: “lleva un poquito de tiempo, pero es lo legal”.

Como explican desde la OCU, lo primero al adquirir un décimo sería fotografiarlo por ambas caras –decisivo si surgen deterioros o pérdidas–. En el caso de pérdida o sustracción, se denuncia cuanto antes a la Policía Nacional o Guardia Civil; en caso de deterioro, se presenta en Loterías y Apuestas del Estado.

Por otro lado la OCU explica también los consejos por si se comparte, el depositario del décimo lo fotocopia y entrega a cada participante una copia firmada (con el nombre y el DNI del depositario). Se puede enviar una foto por email o WhatsApp (siempre con los datos necesarios), aunque, si se utiliza como prueba podría tener que demostrarse que no se ha manipulado. Este caso recuerda que incluso en pequeños pueblos, la organización y la documentación son esenciales para que un premio compartido no se convierta en conflicto.