El Gobierno de Venezuela ha esbozado un plan para atender a las miles de personas afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, siniestro que dejó al menos 4.333 muertos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 ciudadanos que perdieron sus hogares, una cifra que las autoridades estiman aumentará tras la inspección de las edificaciones que sufrieron daños estructurales.
Para evaluar la magnitud de la emergencia, este sábado comenzó un censo biométrico en los campamentos transitorios habilitados en Caracas y los estados de Miranda y La Guaira —este último el más afectado—. Los cálculos iniciales apuntan a que se requerirán 25.000 viviendas, según informó en rueda de prensa el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien anunció además que la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 casas "la próxima semana".
Desalojo de refugios
Actualmente, 90 de los 94 campamentos operan en escuelas que deben ser desalojadas a más tardar en septiembre para el inicio del período académico. Por ello, Rodríguez explicó que se trabaja "aceleradamente" en la creación de campamentos unifamiliares temporales, la culminación rápida de obras estatales y la compra en el mercado secundario. Asimismo, el Parlamento reformará la ley de arrendamientos para incentivar a los propietarios a alquilar unas 200.000 viviendas desocupadas. Quienes hoy están en las escuelas pasarán en septiembre a casas alquiladas, terminadas, compradas o a estructuras de transición "mientras se le construye la definitiva".
El plan incluye la "búsqueda acelerada de espacios para construir ciudades y viviendas antisísmicas". Mediante un sobrevuelo en La Guaira se ubicaron más de 40 terrenos (alrededor de 584.000 metros cuadrados) para edificaciones bajas. A este esfuerzo se suma el apoyo de la ONU, cuyo subsecretario general para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, confirmó que ya se encuentran "recaudando dinero" para enviar, entre otras medidas, viviendas prefabricadas al país.
Jorge Rodríguez aseguró que la jefa de Estado está realizando un “proceso de ingeniería financiera”, que incluye el envío de cartas a otros países donde se encuentran activos venezolanos retenidos, con la intención de “contar con los recursos a mano y rápido”.
Por otra parte, Rodríguez informó que existen 315 cuerpos sin identificar y desmintió el uso de fosas comunes mientras detalló que se sepultan en el cementerio La Esperanza después de tomar muestras para su identificación futura. Además, se está trabajando en dicho camposanto para albergar entre 2.000 y 3.000 tumbas más. Asimismo, el diputado defendió la velocidad del desescombro argumentando que el Gobierno aún confía en hallar personas con vida.