Urkullu justifica su ausencia en la jura de Leonor porque la sociedad vasca no apoya "la monarquía hereditaria"

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha explicado que su decisión de no acudir a la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor responde al objetivo de transmitir a los poderes del Estado "el desacuerdo que tanto la continuidad de la monarquía tradicional hereditaria, como el modelo uninacional del Estado, produce en la sociedad vasca".

Urkullu ha respondido este viernes, en el pleno de control que celebra el Parlamento Vasco, a una pregunta del PP sobre su decisión de no acudir, el pasado 31 de octubre, al acto celebrado en el Congreso de los Diputados con motivo de la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor.

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha acusado a Urkullu de haber dado "una patada en la espinilla a la corona" y de desarrollar "un juego sucio impropio de un lehendakari. Iturgaiz ha advertido de que este no es un gesto "inocuo" y que tendrá "consecuencias", y ha preguntado al lehendakari si "cree que despreciar a las instituciones españolas le sale gratis".

DECISIÓN "RAZONADA" Y CON "AMPLIO RESPALDO"

Urkullu ha respondido a Iturgaiz que su ausencia en dicho acto "está razonada y cuenta con un amplio respaldo". Además, ha manifestado que la decisión de no asistir a la jura de la Constitución "tiene un significado que en modo alguno constituye una falta de respeto institucional".

"Todo lo contrario, transmito a los poderes del Estado, con transparencia y lealtad, el desacuerdo que tanto la continuidad de la monarquía tradicional hereditaria, como el modelo uninacional del Estado, produce en la sociedad vasca", ha señalado.

Tras recordar que "no es la primera vez" que expresa sus "reservas" respecto a las características de la monarquía española, ha subrayado que "en más de una ocasión" ha planteado la necesidad de "tomar decisiones para 'republicanizar' la monarquía; es decir, adecuarla a la realidad de la sociedad en el siglo XXI".

"INSOSTENIBLE"

Urkullu se ha mostrado especialmente crítico con cuatro características de la institución monárquica en el Estado español: "inviolabilidad, opacidad, herencia y jefatura militar". "En pleno siglo XXI, la inviolabilidad del monarca es insostenible. Los episodios en los que se ha visto involucrado el rey emérito dan buena prueba de ello", ha manifestado, en referencia a los procedimientos e investigaciones judiciales abiertas en su día contra Juan Carlos I .

El lehendakari, que ha destacado que "en un sistema democrático nadie debe estar por encima de la ley", también ha afirmado que "debe garantizarse la transparencia", por lo que "las cuentas y el conjunto de la actividad de la corona se deben poder fiscalizar, como se fiscalizan las de toda institución democrática".

También ha calificado de "insostenible" que "en pleno siglo XXI la jefatura del Estado se determine por herencia familiar". "He propuesto que pueda ser sometida a contraste de ratificación por periodos generacionales", ha recordado, tras lo que ha añadido que "tampoco es concordante con una visión democrática que el mando del ejército recaiga en una figura hereditaria".

INSTITUCIÓN "ANACRÓNICA"

Urkullu ha señalado que el mando de la defensa "debe estar sometido a la representación institucional surgida de la voluntad ciudadana". Por todo ello, ha afirmado que "el sentido democrático, la modernidad y la sensibilidad de las generaciones jóvenes ante la no adecuación de estos cuatro factores críticos, convierten a la monarquía en una realidad anacrónica".

En este sentido, ha recordado que el Parlamento Vasco aprobó por mayoría, el pasado 30 de marzo, una iniciativa en la que solicitaba una "necesaria reforma" de la Constitución, que incorporara la "posibilidad de cambio de la forma política del Estado, habilitando la opción de la República", así como el "reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, y el consiguiente derecho a decidir de los pueblos".

Urkullu ha añadido que "la monarquía, como cualquier otra institución, no está exenta de la crítica y el escrutinio público". "Tenemos el derecho y el deber de expresar, con respeto y claridad, aquello que compartimos mayoritariamente; y de proponer, con respeto y claridad, aquello que consideramos debe ser modificado", ha señalado.