Una prioridad del Gobierno vasco: construir el futuro con una mirada crítica al pasado

“Las víctimas han de ser siempre el faro de nuestra memoria”. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, hizo estas declaraciones durante el acto de recuerdo por las víctimas de los bombardeos franquistas sobre Durango y Elorrio. La frase resume el compromiso con la memoria que el lehendakari Iñigo Urkullu y sus gobiernos han mantenido durante las últimas tres legislaturas.

El compromiso de arropar a las víctimas y de no construir el futuro en el olvido ha acompañado todos los planes de memoria. Con Iñigo Urkullu al frente del ejecutivo se han dado pasos muy importantes hacia la normalización. No en vano durante su segunda legislatura se produjo primero el desarme de ETA, y meses después su disolución definitiva en 2018.

Miembros de ETA y los verificadores Ram Manikkalingam y Ronnie Kasrils comprueban la entrega del armamento de la organización terrorista. Archivo

Gogora, pilar de la Memoria 

En 2014 el Gobierno vasco creó Gogora, el Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, con el objetivo de ser el órgano que coordinara los planes de paz y convivencia, todos ellos basados en el principio de reconocimiento y reparación de las víctimas. Desde entonces, se han impulsado programas de justicia restaurativa que propiciaron el diálogo entre víctimas y victimarios que hubieran reconocido el daño causado, o se han puesto en marcha iniciativas para llevar el testimonio de las víctimas a las aulas vascas.

Durante la última legislatura, Gogora ha elaborado junto a tres historiadores y varias víctimas de distintas violencias un informe en el que recogen los aspectos clave para lograr un futuro en paz y convivencia. El trabajo concluye que la sociedad vasca no quiere olvidar lo ocurrido y rehúsa promover el olvido público. Además, recoge el término ‘memorias’ en plural, pide reconocer a todas las víctimas y llama a superar los “relatos autojustificativos” y a emprender una revisión crítica del pasado.

En la presentación del informe el lehendakari afirmó que “fue injusto”, y que reconocerlo es “la mejor garantía para la no repetición”. Durante su mandato, Urkullu se ha mostrado muy crítico con la izquierda abertzale por no reconocer el daño causado de forma contundente y clara.

Una ley de Memoria pionera

El mayor hito en materia de memoria de la última legislatura ha sido la aprobación de la ley Vasca de Memoria Histórica y Democrática, una norma pionera que contó con el respaldo del 90,6% del Parlamento Vasco ya que solo los 7 parlamentarios de Ciudadanos-PP y Vox votaron en contra bajo la justificación de que la ley no ampara a las víctimas del terrorismo de Eta a pesar de que estas cuentan con la Ley vasca de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo.

Entre otras cuestiones, la ley reconoce jurídicamente a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, y convierte a Gogora en el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la memoria.

La ley afianza el banco de ADN creado por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos para intentar identificar a las víctimas y le da a la institución que dirige Aintzane Ezenarro la competencia de liderar las exhumaciones de represaliados.

Otra de las medidas que pone a la norma vasca a la cabeza del Estado es que prevé multas por actos de homenaje o de enaltecimiento del franquismo; por humillar a las víctimas; o bien por dañar lugares de memoria o fosas. Además, la ley prevé fijar futuras indemnizaciones para los represaliados, así como crear itinerarios de memoria y establecer un día de homenaje a las víctimas del golpe militar de 1936 y de la dictadura.

Compromiso con las exhumaciones

Esta ley afianza los trabajos de recuperación de víctimas que el Gobierno vasco lidera desde hace años. De hecho, en la última legislatura se han llevado a cabo algunos proyectos muy ambiciosos, como la exhumación de una de las mayores fosas comunes hallada hasta el momento en Euskadi, la del cementerio de Begoña en Bilbao. La Sociedad Aranzadi exhumó miles de restos que corresponden a 36 gudaris o milicianos que en 1937 lucharon en Artxanda para retrasar la entrada de las tropas franquistas en la ciudad.

Banco de ADN

Hasta el momento el banco de ADN de Gogora ha permitido identificar los restos de siete de estos gudaris. Este registro cuenta con 652 muestras genéticas que también han ayudado a identificar a algunos de los 71 represaliados exhumados del cementerio de Orduña y procedentes del campo y prisión franquista que albergó la localidad entre 1937 y 1941 y donde se estima que murieron 225 personas. 127 de ellos procedían de Extremadura, 41 de Castilla La Mancha y 22 de Málaga.

En Extremadura, la consejera Nerea Melgosa entrega a los familiares de varias víctimas los restos de sus allegados hallados en Orduña IREKIA

El compromiso del Gobierno vasco con la memoria democrática llevó a la consejera Melgosa hasta Extremadura para intentar contactar con familiares de represaliados a fin de recabar muestras de ADN para su identificación. El esfuerzo dio sus frutos ya que se puso nombre y apellido a tres de las víctimas.

Otro proyecto en marcha es la excavación en el cementerio de Amorebieta-Etxano. La sociedad Aranzadi trabaja en una zona que hasta el momento se ha mantenido intacta. En la primera fase del proyecto se exhumaron los cuerpos de 54 personas que todavía permanecen sin identificar.

Registro de víctimas entre 1936 y 1945

El informe de vulneraciones de derechos fundamentales entre 1936 y 1978 elaborado por Gogora en 2019 cifra en 19.998 las víctimas solo desde el inicio de la Guerra Civil hasta 1945. 5.887 de estas muertes están contempladas como crímenes contra la humanidad porque se produjeron en bombardeos sobre civiles, o fueron ejecuciones sumarísimas o extrajudiciales. Aunque la mayoría de las muertes se produjeron en prisión (2.252).

El Gobierno vasco aplica la máxima de la Declaración de Bertiz que firmaron tras la disolución de ETA el lehendakari y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos. “Ente todas las víctimas, es necesario reconocer que ninguna causa tuvo nunca un valor mayor que la vida, la dignidad o integridad de cada una de ellas. Nos comprometemos a que la memoria y el honor de las víctimas no queden relegados por una mirada al futuro que se olvide del pasado”.