“Mis padres tienen previsto que un fondo buitre llamado Kimbolton les desahucie de la que ha sido su vivienda propia durante 33 años”. Así ha comenzado su exposición Palmira Dual, conocida en Irun por su activismo y su lucha en defensa de los derechos humanos del pueblo gitano, pero que en este caso se ha pronunciado como hija y portavoz de la familia. Asegura que el miércoles 16 de septiembre, a las 9.30 horas, van a desahuciar a sus progenitores, “con circunstancias de un 75% de discapacidad física y principio de demencia que agravan esta situación”.
Piden tiempo para encontrar alternativa
Palmira ha querido aclarar que el objetivo no es que sus padres “permanezcan en la vivienda indefinidamente”, siendo “plenamente conscientes de la situación jurídica por la que estamos atravesando”. Sin embargo, dada “la situación extrema de vulnerabilidad y gravedad necesitamos tiempo para poder encontrar una alternativa de vivienda real, estable y adecuada a las circunstancias que están viviendo mis padres”, un ruego “lógico y entendible”.
Palmira ha asegurado en la comparecencia que abandonar el hogar de esta manera sería “un impacto directo de empeoramiento a nivel físico y psicológico”. Por ello, ruegan “a las administraciones públicas que bajen al barrio para comprender y empatizar con las circunstancias tan extremas en las que viven las familias vulnerables”.
Un ruego a las instituciones
Por otro lado, y enfocándolo a una situación más global, ha pedido a las instituciones y a las administraciones públicas “dar a conocer a las personas en situación de vulnerabilidad los recursos existentes” y que estas “doten de estas herramientas a aquellas personas que más lo necesiten”. Ha añadido que “hay una cantidad de familias vulnerables que están en esta situación de desahucio y que no tienen redes sociales, ni alianzas para poder salir de esas circunstancias”.
Además, ha remarcado que “la vivienda digna es un derecho que todo ciudadano tiene”, y que no hay “ciudadanos ni de segundas ni de primeras, pero por desgracia eso cae en papel mojado”, viéndose “los más vulnerables envueltos en los fallos y las trampas de este sistema”.
Para finalizar su exposición, ha recalcado que “pedimos tiempo” en nuestra circunstancia “para darle una estabilidad a una familia que lo necesita con extrema urgencia”, anunciando que “seguiremos luchando y no pararemos hasta que el día 16 de septiembre mi familia siga en su vivienda propia, en la cual lleva 33 años” y “hasta que exista una alternativa estable, porque es nuestro derecho”.
Un burofax sin respuesta
Cuestionada por lo que les ha transmitido el citado fondo de inversión al transmitirles su situación, Palmira ha explicado que “enviamos un burofax” porque “comprendíamos la situación, estamos totalmente de acuerdo con que esa casa tiene que estar desalojada”, remarcando que “nosotros sabemos que no tenemos que estar ahí”, solicitando simplemente “un poco de tiempo para buscar una alternativa”.
Por ello, explica que ofrecieron pagar “un alquiler en el tiempo que nos dejaban estar ahí”, pero tres meses después “no ha habido ningún tipo de respuesta” al citado burofax. Sin embargo Palmira explica que sí ha habido en septiembre una respuesta “vía WhatsApp de una forma extrajudicial” con “una oferta de un dinero miserable a cambio de las llaves de mi casa”, unos mensajes que “están en manos del abogado”, porque "no somos quién para que se rían de nosotros”. No obstante, se entiende que “han rechazado la oferta que nuestra familia hizo de modo amistoso”.
A seis días del desahucio, Palmira afirma que “tenemos la esperanza” de que se pare el desahucio, porque “no es normal” habiendo informes de vulnerabilidad, señalando que de lo contrario sería para “dejar de creer en la justicia y en las manos en los que estamos”. Finalmente, ha añadido que sin esa esperanza “aseguro que no estaríamos aquí ni haríamos”.