Trump puede reanudar la construcción de un tramo del muro fronterizo en Texas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado suspender de forma cautelar el bloqueo impuesto por un tribunal de distrito a la construcción de un tramo del muro fronterizo promovido por la Administración del presidente, Donald Trump, en el sector de Big Bend, en el estado de Texas, dando luz verde a la reanudación inmediata de las obras.

El alto tribunal, en una resolución 'per curiam' (se atribuye a todo el tribunal) --de la que ha discrepado la jueza Ketanji Brown Jackson--, ha estimado la petición de urgencia formulada por el Departamento de Justicia para anular la paralización dictada el pasado octubre por una corte federal de Texas tras la demanda interpuesta por grupos ecologistas y locales.

"Áreas de alta entrada ilegal"

El núcleo del litigio reside en la autoridad del secretario de Seguridad Nacional para invocar la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996 (IIRIRA, por sus siglas en inglés), que permite sortear las normativas medioambientales para acelerar la construcción de infraestructura en "áreas de alta entrada ilegal". El tribunal texano había bloqueado las exenciones firmadas por la Administración argumentando que carecían de una "clara autorización del Congreso".

Sin embargo, el Supremo ha dado la razón al Ejecutivo al concluir que "es sumamente probable que prevalezca su argumento de que el tribunal de distrito carecía de jurisdicción" para abordar la demanda, ya que la ley restringe el escrutinio judicial a reclamaciones estrictamente constitucionales, y las denuncias sobre el exceso de autoridad estatutaria "no son reclamaciones constitucionales".

"Intereses apremiantes"

Asimismo, el Supremo considera que el balance de daños favorece al Gobierno, dado que la paralización impide a las autoridades avanzar en sus "intereses apremiantes" en materia de seguridad fronteriza y conlleva unos gastos diarios de casi medio millón de dólares que "no se pueden recuperar".

Respecto al daño ambiental y recreativo esgrimido por los demandantes, el fallo estipula que el Congreso ya estableció una "clara preferencia por la construcción expedita" sobre esos perjuicios al redactar la ley, un equilibrio que los tribunales "no pueden rechazar a su discreción".