Sumar se querella contra los jueces conservadores del CGPJ por prevaricación

Sumar ha presentado esta mañana ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y contra nueve vocales conservadores por un supuesto delito de prevaricación. La formación de Yolanda Díaz considera que se excedieron de sus funciones cuando convocaron un pleno extraordinario el pasado 6 de noviembre en el que aprobaron una declaración institucional contra la ley de amnistía, cuando ni siquiera se había registrado ni se conocía el contenido de la misma.

Sumar señala en su querella que tanto Guilarte como los vocales Wenceslao Olea, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona actuaron con falta de rigor jurídico y se posicionaron a favor del PP. Critica además que con su declaración "ilegal, arbitraria e irresponsable" contribuyeron a una mayor crispación social.

En su declaración, el CGPJ acusaba a Pedro Sánchez de "confundir el 'interés de España' con el interés del presidente del Gobierno". A su juicio, de aprobarse una ley en ese sentido, supondría la "abolición" del Estado de Derecho.

"El CGPJ expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España", indicaba el texto.

Sumar atribuye a los promotores de esa declaración arrogarse atribuciones que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado.

Es más, recrimina en su querella que su intención era mandar a la ciudadanía "un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una mayor crispación social", máxime cuando se le dotó de carácter institucional.

Sumar pone de relieve que esa resolución "descalifica e imputa conductas gravísimas" al jefe del Ejecutivo, que podrían ser calificadas como "desconsideración entre instituciones", contradiciendo incluso lo que marca el CGPJ en sus resoluciones previas respecto al Poder Judicial.

"Afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convierten el acuerdo (...) en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo", ahonda el grupo parlamentario que, también, cuestiona la base legal que se siguió para convocar ese pleno del organismo judicial.

Extralimitación

El grupo parlamentario expone en su escrito que en dicho pleno se excedió las funciones del órgano de gobierno de los jueces, que además están limitadas por la situación de mandato caducado, y ahonda que los vocales querellados actuaron desde su "deliberada voluntad de eludir" esa carencia competencial, pese a que son juristas con condición de autoridad por formar parte de una de las principales instituciones del Estado.

Asimismo, resalta sobre el caso del presidente que su misión es velar para que todos los miembros del organismo se ajusten a las funciones del CGPJ, que en ningún caso incluye valorar la "conducta de otra autoridad del Estado" (en este caso el presidente), acuerdos políticos o "futuribles" normas.

Por otro lado, Sumar destaca que es "ineludible" que el acuerdo plenario del 6 de noviembre refleja su decisión de interferir en una cuestión que afecta a los "intereses generales" emitiendo una "resolución definitiva" y no puede considerarse como un "acto político".

Guilarte se desmarcó

Al hilo, subraya que uno de los vocales, el progresista Álvaro Cuesta, solicitó desconvocar ese pleno tras advertir previamente que era "improcedente" e "ilegal", y optó por no acudir cuando se mantuvo su celebración.

E incluso argumenta que los medios de comunicación expusieron que el propio presidente interino veía la declaración institucional "prematura", que el respeto a la independencia judicial hacía oportuno evitar ese pronunciamiento ante una iniciativa legal inexistente y que implicaba un posicionamiento institucional a favor de una opción política.