El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que la huelga general del 11 de noviembre busca paralizar la actividad laboral, pero persigue sobre todo una participación masiva en las manifestaciones que permita situar los problemas de la clase trabajadora en el centro del debate público. La vivienda y la defensa de las pensiones públicas han marcado su intervención en "Los Desayunos" de la Agencia EFE y RTVE, junto al líder de UGT, Pepe Álvarez.
Sordo ha reconocido el carácter atípico de la convocatoria, tanto por su motivación como por la proximidad de las elecciones generales. "Nuestra misión no es influir en el resultado electoral, pero sí poner en el plano público las cosas que marcan las calidad de vida de la clase trabajadora", ha afirmado.
El dirigente de CCOO ha defendido la "masificación" de las protestas para "que cambie el sentido común de esa España que mira para atrás, que es rentista". En este sentido, ha cuestionado la rentabilidad que se obtiene de la acumulación de inmuebles: "No puede ser que el negocio más rentable en España sea construir patrimonio inmobiliario para sacar una rentabilidad excesiva de un bien que no produce ningún valor".
Álvarez, por su parte, ha considerado que la huelga debería influir en el debate de la campaña electoral para que se aborden asuntos que afectan directamente a los trabajadores, como las pensiones.
La financiación de las pensiones, una decisión política
Sordo ha defendido que el sistema público de pensiones "no puede petar porque no es de aseguramiento". Según ha explicado, su funcionamiento no equivale al de un seguro privado, sino que responde a un sistema de reparto sostenido con ingresos públicos.
"Habrá recursos para pagar las pensiones siempre que exista la voluntad política de garantizar su financiación", ha sostenido. A su juicio, una decisión de no aportar esos recursos conduciría a recortar las prestaciones públicas. "Si alguien no quiere gastar el 15 % del PIB en pensiones, que lo diga", ha añadido.
El secretario general de CCOO también ha advertido de las consecuencias de avanzar hacia un sistema mixto. Según ha argumentado, quienes no puedan aportar a planes privados tendrán "pensiones de pobreza", mientras que quienes dispongan de recursos sustituirán la estabilidad de las prestaciones garantizadas por el Estado por un sistema sujeto a la volatilidad de los mercados financieros.
UGT rechaza los cuestionamientos sobre la sostenibilidad
Pepe Álvarez ha calificado de "insulto a la inteligencia y una falta de respeto absoluta hacia las organizaciones empresariales y sindicales" las afirmaciones que cuestionan la sostenibilidad del sistema de pensiones.
El líder de UGT ha recordado que la reforma pactada ya contempla mecanismos para corregir posibles desviaciones respecto al gasto previsto. Asimismo, ha defendido que las demás críticas "carecen de fundamento y responden a intereses" de determinados sectores, como el financiero, que "se resisten" a que las pensiones sigan siendo públicas.