Una acusación popular en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha solicitado al Tribunal de Cuentas que investigue, cuantifique y en su caso ordene devolver las cantidades que abonó la Diputación de Badajoz por el puesto de Sánchez y por el de Luis María Carrero, también condenado por prevaricación administrativa.
La Audiencia de Badajoz condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación para empleo público como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa relacionado con el cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo en la Diputación.
La sentencia condenó a otras diez personas, entre ellas Luis María Carrero, amigo personal de David Sánchez y ex jefe de Coordinación de Programas de Actividades Transfronterizas de la Diputación, a quien también impuso inhabilitación para empleo o cargo público por nueve años.
La sentencia explicaba que "la pretensión relativa a la devolución de los salarios obtenidos por Don David Sánchez y Don Luis María Carrero solo podría ser ejercida por la Entidad Local pagadora de tales sueldos o por el Ministerio Fiscal si hubiera formulado acusación", cosa que no hizo, y detallaba que "habría de reservarse el correspondiente pronunciamiento a la jurisdicción contable que incumbe al Tribunal de Cuentas".
Iustita Europa
Ahora Iustitia Europa ha presentado un escrito en el Tribunal de Cuentas solicitando "que se investiguen, cuantifiquen y, en su caso, se reintegren las cantidades abonadas por la Diputación Provincial de Badajoz" a ambos condenados, que según subraya ascienden a 340.572 y 86.988 euros.
También Vox ha presentado un escrito ante el Tribunal de Cuentas en el que solicita que se investigue la documentación contable de Luis María Carrero, al considerar que la falta de transparencia en la información aportada sobre esta cuestión podría constituir un saldo deudor injustificado susceptible de generar responsabilidad contable, como en el caso el hermano de Pedro Sánchez, a quién está vinculado Carrero, según informa el partido.
En su escrito, en el que pide al Tribunal de Cuentas incoar actuaciones previas para esclarecer los hechos y "depurar, en su caso, la responsabilidad contable que pudiera derivarse de los mismos", solicita que se reclame a la Diputación de Badajoz información sobre el puesto ocupado por Carrero y las retribuciones percibidas, y que se incoen las diligencias de investigación por Fiscalía.
Plazas "innecesarias y vacías de contenido"
Iustita Europa, por su parte, detalla que en esos 427.561 euros que calcula no se incluyen las cotizaciones sociales asumidas por la Diputación, indemnizaciones, dietas, desplazamientos ni los costes adicionales derivados de que otros empleados públicos tuvieran que asumir funciones que correspondían a esos dos puestos, de manera que el Tribunal de Cuentas tendrá que tenerlo todo en cuenta para "determinar la cantidad final a devolver a las arcas de todos los españoles".
El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha destacado, en un comunicado, que la sentencia determinó que se trató de plazas "innecesarias y vacías de contenido", y ha sostenido que "las plazas innecesarias, los procedimientos de escaparate y los salarios pagados con dinero de todos no pueden quedar sin una respuesta patrimonial".